Sobre los colaboradores especiales y la investigación de los registros de Trump

Por The New York Times | Charlie Savage

WASHINGTON — La decisión de inusual alcance de una jueza federal sobre la designación de un árbitro independiente para encomendarle la tarea de revisar documentos gubernamentales incautados al expresidente Donald Trump el mes pasado ha intensificado el escrutinio de esa función.

Con esta respuesta positiva a la petición de Trump, la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, le ha otorgado amplias facultades a quien sea designado colaborador especial, con autoridad para evaluar documentos, no solo aquellos protegidos por ser comunicaciones entre abogado y cliente, sino también otros que podrían estar protegidos por ser comunicaciones del poder ejecutivo.

Cannon todavía no ha designado a la persona que desempeñará estas funciones, y el Departamento de Justicia todavía está evaluando la posibilidad de apelar el fallo en todo o en parte.

Analicemos la situación con más detalle.

¿Qué es un colaborador especial?

Una persona designada por un juez con el propósito de ayudar al tribunal con sus procedimientos. Un colaborador especial es seleccionado para ayudar con un asunto o caso en particular, en contraste con un colaborador permanente, al que se nombra para ayudar de manera continua. Los colaboradores pueden celebrar procedimientos y después preparar informes y recomendaciones que los jueces aceptan o rechazan.

¿Por qué se designan colaboradores especiales?

Por varios motivos. Algunas veces un caso presenta un problema complejo que requiere conocimientos específicos, como el cálculo de daños y perjuicios que se deben otorgar a distintas personas en juicios de gran escala. También es posible designarlos para realizar tareas muy tardadas que un juez o magistrado no tiene tiempo de manejar.

Por ejemplo, los jueces algunas veces designan colaboradores especiales para revisar registros incautados cuando el FBI ejecuta órdenes de cateo que involucran a abogados o despachos de abogados. En esos casos, es muy posible que se incaute una enorme cantidad de material protegido por derechos de confidencialidad sobre las comunicaciones entre cliente y abogado que los agentes asignados a una investigación en general no deberían ver.

¿Para qué se designa al colaborador especial?

Cannon señaló que las tareas del colaborador especial incluirán “revisar los bienes incautados, gestionar los derechos de confidencialidad y hacer recomendaciones al respecto, además de evaluar solicitudes de devolución de bienes”.

El caso de Mar-a-Lago no involucra a un abogado o a un despacho de abogados, y el juez que autorizó la orden le permitió al FBI utilizar en su lugar el procedimiento normal: un equipo filtro, integrado por agentes que no están involucrados en la investigación, aparta los documentos que, en su opinión, podrían estar protegidos por derechos de confidencialidad en su carácter de comunicaciones entre cliente y abogado.

Sin embargo, Cannon decidió que “la administración de justicia y la apariencia de justicia” justificaban la participación de un árbitro más independiente en la revisión de los materiales; enfatizó el hecho de que Trump fue presidente.

Su decisión de incluir materiales que podrían estar protegidos por derechos de confidencialidad correspondientes a comunicaciones del gobierno (es decir, comunicaciones entre Trump y sus asesores cuando todavía fungía como presidente) generó gran controversia.

¿Quién puede desempeñarse como colaborador especial?

“Por lo regular, este nombramiento se da a personas que cuentan con cierta reputación independiente en el Colegio de Abogados”, explicó Sam Issacharoff , profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York. “En general, son jueces retirados. También pueden ser personas que ocuparon los cargos más altos en algún despacho de abogados importante y ya se retiraron, algo así. En algunos casos se opta por académicos, si las demás opciones no son viables”.

Por ejemplo, Barbara S. Jones, antigua jueza federal, fue designada colaboradora especial con el encargo de separar expedientes protegidos por derechos de confidencialidad por ser comunicaciones entre cliente y abogado después de que el FBI realizó cateos relacionados con dos de los abogados personales de Trump, Michael Cohen en abril de 2018 y Rudy Giuliani en abril de 2021. Asumió las mismas funciones en un caso relacionado con Project Veritas, que se encuentra en la mira por su participación en la obtención de un diario robado de la hija del presidente Joe Biden.

¿Qué papel desempeñarán los materiales clasificados en este asunto?

El hecho de que muchos de los documentos incautados por el FBI hayan estado marcados como clasificados reduce significativamente las opciones para que Cannon haga la designación. Ese hecho podría retrasar el proceso para identificar a la persona adecuada, y el proceso podría demorarse más si esa persona no puede recibir mucha ayuda de asistentes.

Tras los cateos, Trump dijo que se aseguró de eliminar el carácter clasificado de todo lo que se llevó del Despacho Oval, una afirmación cuestionable de la que no se han obtenido pruebas y que sus abogados no han repetido ante los tribunales. Más bien, han convenido en que “sería apropiado que el colaborador especial” contara con autorización para tener acceso a “material ultrasecreto”.

Cabe señalar que los jueces federales cuentan con una exención por la que no requieren autorización para tener acceso a material clasificado relacionado con sus casos, pero sus secretarios y asistentes sí necesitan recibir esa autorización.

¿Cuánto tardará la revisión?

Es una pregunta que no se ha respondido. Cannon todavía no ha emitido una orden específica en la que describa las tareas del colaborador especial, junto con las fechas de conclusión esperadas.

Esta situación en particular es un tanto inusual porque los abogados de Trump no le pidieron de inmediato a un juez designar a un colaborador especial. Los investigadores ya revisaron los registros incautados de Mar-a-Lago y un equipo filtro del FBI ya separó alrededor de 500 páginas que podrían estar protegidas por derechos de confidencialidad por tratarse de comunicaciones entre cliente y abogado.

Brandon Fox, socio del despacho Jenner & Block que hasta el año pasado fungió como director de la división criminal para la oficina del fiscal federal en Los Ángeles, señaló que lo más probable es que el FBI ya haya preparado un registro con descripciones de cada uno de los documentos. En su opinión, la jueza debería usar ese registro como punto de partida y permitirle al equipo legal de Trump seleccionar documentos específicos para que los revise el colaborador especial.

“No querrías que el colaborador especial vea absolutamente todos los documentos”, comentó.

No obstante, Fox también señaló que considera probable que el equipo legal de Trump “argumente ante la jueza que no es posible confiar en que el gobierno haya hecho descripciones precisas de esos escritos, por lo que es necesario que el colaborador especial revise todo”. ¿Cuáles serán los efectos a corto plazo de esta revisión?

Parece muy probable que retrase la investigación. Además de anunciar que designará a un colaborador especial, Cannon le prohibió temporalmente al gobierno utilizar los documentos incautados en su investigación.

Es probable que esa orden les impida a los investigadores seguir trabajando. Incluso si pudieran evitar utilizar el hecho de que se descubrieron documentos en Mar-a-Lago como base para interrogar testigos, cualquier información nueva que obtengan podría darles a los abogados defensores la oportunidad de acusarlos de contravenir la orden de la jueza y colocar la investigación bajo el microscopio.

La revisión también podría interrumpir la investigación si el colaborador especial llega a recomendarle a Cannon (y esta está de acuerdo) que hay documentos en el material obtenido que están protegidos por derechos de confidencialidad por ser comunicaciones del poder ejecutivo. Cannon podría resolver que es necesario sustituir a todo el equipo investigador porque ya estuvieron expuestos a información que no deberían haber visto.

Seguramente el Departamento de Justicia apelará, puesto que, como señaló cuando expresó su oposición a la posibilidad de darle ese mandato a un colaborador especial, ningún tribunal en la historia ha decidido que un presidente o expresidente pueda aprovechar la confidencialidad de comunicaciones para impedir que los investigadores de un caso penal que forman parte del poder ejecutivo tengan acceso a algún material. Por desgracia, el proceso de apelación, aunque llegara a tener éxito, causaría muchos meses más de retraso.

¿Y qué efectos tendría a largo plazo?

Quizá no haya muchos, según dicen algunos expertos en derecho. A fin de cuentas, si el Departamento de Justicia decide presentar cargos en su investigación sobre el manejo de documentos delicados del gobierno por parte de Trump, solo necesitaría unos cuantos de esos registros como pruebas representativas. Además, en realidad nadie discute que los reportes de inteligencia marcados como ultrasecretos y elaborados por agencias como el Pentágono o la CIA estén protegidos por derechos de confidencialidad.

En una aparición en Fox News el martes, el antiguo fiscal general Bill Barr (quien aprovechó su autoridad para proteger a Trump durante su mandato) afirmó que el fallo de Cannon es equivocado y que el Departamento de Justicia debería apelarlo. Sin embargo, también predijo que es más probable que cause demoras que un descarrilamiento. El expresidente Donald Trump llega al escenario durante un mitin en Wilkes-Barre, Pensilvania, el sábado 3 de septiembre de 2022. (Hannah Beier/The New York Times)