Las declaraciones de Luis Lacalle Pou sobre la necesidad de que la Policía pida la cédula a ciudadanos, como medida que puede ayudar en el combate a la inseguridad, generó reacciones de oficialismo y oposición. Lacalle llamó a "pedir cédula si se tiene que pedir cédula". "A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula", declaró.

Sin embargo, la respuesta del partido de Gobierno no giró en torno a si esta medida es realmente útil, correcta o vulnera derechos, sino al hecho de que ya viene siendo aplicada por la administración actual. Gustavo Leal, asesor en seguridad de Daniel Martínez, trató de "desinformado" a Lacalle Pou y le contestó enumerando las cifras de todas las personas a las que el Gobierno le ha pedido la cédula en los últimos años, amparándose en el marco de los permitido por la Ley de Procedimiento Policial.

En la discusión terció también el abogado Andrés Ojeda, asesor de Ernesto Talvi en seguridad, que dijo que la norma actual establece que se puede pedir la cédula en el marco de procedimientos policiales pero no es clara en cuanto a si se puede hacerlo mediante patrullaje en las calles, lo que hace que la propuesta de Lacalle Pou en este sentido sea válida (es decir, que la propuesta es nueva porque extendería las potestades policiales o al menos aclararía en forma más precisa bajo qué condiciones se puede hacer)

Pero la actual Ley de Procedimiento Policial, que permite incluso que una persona sea detenida si se niega a acreditar su identidad, ya fue criticada al momento de aprobarse en 2008. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que ha asesorado a personas a raíz de detenciones arbitrarias, ha manifestado que esta ley tiene un corte autoritario, porque reimplantó lo que decía el decreto 690 de la dictadura, que permitía detener a una persona en averiguación. De forma similar opinaba Serpaj (Servicio de Paz y Justicia Uruguay).

Sin documentos

Martín Fernández, abogado de Ielsur, afirmó a Montevideo Portal que si bien la normativa indica que se puede pedir cédula (y detener en caso de una negativa) en el marco de un procedimiento por averiguación de un delito, la redacción es tan ambigua que en la práctica lo que sucede no es lo que indica la teoría.

"Nuestra postura no es a raíz de lo que dijo Lacalle Pou, sino que fue siempre la misma: el sistema penal funciona de manera tal que este tipo de medidas afectan siempre a los mismos. Si vas caminando por 18 de Julio de traje y corbata nadie te va a pedir nada. Son medidas discriminatorias, porque se aplican en base a lo que se denomina ‘olfato policial', que en general apunta a personas jóvenes y que pertenecen a clases más vulnerables, personas más expuestas a los abusos policiales", dijo.

"Eso de que si no estás en nada raro no te va a pasar nada no es así. El sistema penal no hay que verlo por lo que dice que es sino por lo que realmente hace. Lo que realmente sucede es que este tipo de medidas se usan siempre contra las mismas personas y pueden generar reacciones negativas en los indagados, lo que a su vez genera reacciones de la Policía", acotó.

"Si no tenés la cédula encima, se genera la posibilidad de que te lleven detenido, y la detención es riesgosa y traumática. La persona tiene derecho a solicitar que expliquen por qué la llevan, por qué le piden identificación, y todo eso en nuestra cultura policial genera resistencia", se explayó.

A su juicio, si bien la ley indica que el pedido de cédula debe estar enmarcado en la investigación de un delito, en la práctica la Policía puede usar esa excusa en cualquier momento, sin tener que aportarle pruebas al respecto al detenido. Por lo tanto, se genera la posibilidad de detenciones arbitrarias, como las que se han tratado o conocido a lo largo de la historia de Ielsur.

El abogado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha expresado que hay que intentar eliminar las clasificaciones de detenciones (como llamarle "conducidos" a los detenidos, tal cual ocurre con esta ley). "Se dice que no es una detención, pero en realidad estás detenido porque no podés irte por tu propia voluntad", afirmó.

Para Fernández, los jóvenes y adolescentes son quienes están más expuestos a no tener cédula encima (también hay quienes salen sin documentos de noche por miedo a sufrir un robo, por ejemplo), por lo que "no parece razonable decir que si no tenés nada que esconder no pasa nada". 

Mirando al vecino

Además, el abogado agregó que esta medida ya ha demostrado ser ineficaz en otros países, como el caso de Chile, donde se realiza el control preventivo de identidad.

El catedrático chileno de Derecho Mauricio Duce logró (tras una batalla judicial) acceder a los datos de 3.6 millones de controles de identidad hechos en Chile entre abril del 2017 y mayo de 2018, de los cuales casi el 90% corresponden a medidas preventivas, no investigativas. En Chile hubo 255 controles preventivos cada 1.000 habitantes, mientras que en Inglaterra en el mismo período hubo 5 controles cada 1.000 habitantes y en Nueva York 1.3, a modo de ejemplo.

"Los controles preventivos tienen un resultado mucho más marginal que el control regulado en el artículo 85, el cual se ha ido extinguiendo", dijo Duce en la presentación de su estudio, en referencia al cambio producido en ese país.

Agregó que se realizaron 70.317 controles preventivos de identidad a menores de 18 años y mayores de 14, y solo en un 2% se encontraron órdenes de detención pendientes y/o se generaron detenciones. De su estudio, concluyó que el control preventivo no ha tenido incidencia para bajar el delito en Chile y que los controles investigativos son mucho más eficientes para encontrar personas con orden de detención vigente que los preventivos. La gran mayoría de los controles, acotó, se hace a personas entre los 20 y 29 años.

Al consultársele a Fernández sobre si pedir la cédula no permitiría en algunos casos detener a una persona responsable de un crimen, el abogado citó el estudio hecho en Chile y acotó que en la práctica la posibilidad de que en un rastrillaje aparezca alguien que cometió un delito "es baja como para justificar la invasión a la libertad de las personas".

"Si la persona es sospechosa de delito, existe la flagrancia impropia, que permite que se solicite una detención. Si no, se habilita la intervención policial al barrer, sin criterios de investigación", concluyó.