La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) realizó una declaración en el marco de la "Semana de Movilizaciones" que resolvió el sindicato de secundaria Fenapes que realizará paros en los liceos de todo el país entre el martes y el jueves.

Los sindicatos entienden que "el presupuesto nacional es la expresión económica financiera de un programa de gobierno" y por tanto debe "involucrar al conjunto de la sociedad", más aún, señala el documento, en momentos como el actual, con la emergencia sanitaria y las consecuencias sociales y económicas que conlleva.

En este marco, los sindicatos de la educación sostienen que la coalición gobernante "viene impulsando un programa funcional a los intereses de aquellos sectores que componen su base social de apoyo, que objetivamente es contrapuesto a los intereses de las inmensas mayorías populares, de base neoliberal y conservador".

CSEU recuerda la promesa de campaña de ahorrar 900 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, y sostiene que eso es posible "en el marco de un recorte sustantivo en la inversión pública, que afectaría a todo el Estado y particularmente a áreas claves para la vida de la gente como educación, salud, vivienda".

Las resoluciones del gobierno, señala el documento, "parecen confirmar que en las actuales circunstancias de emergencias varias sólo le sigue importando el malla oro y no el pelotón".

"La propuesta de construcción presupuestal del Poder Ejecutivo se inscribe en la perspectiva política estructural de ajuste; reflejando, a su vez, el impacto de la LUC y sus implicancias en la continuidad del ajuste estructural del Presupuesto del Estado (Regla fiscal). De allí que esta instancia presupuestal constituye una nueva avanzada del ajuste fiscal, el cual se profundizará en los próximos años", dice el sindicato y agrega que la educación pública "no escapa a este proceso de ajuste fiscal".

Además, señala que conjuntamente la educación pública sufre un "proceso de ataque público orquestado intencionalmente y su desmantelamiento, privatización y mercantilización promovido desde la LUC".

"Esto tiene como objetivo ser un fundamento para perpetrar el ajuste fiscal sobre su presupuesto, sin considerar siquiera el aporte que esta ha hecho, conjuntamente con otras áreas del Estado, en el enfrentamiento a la pandemia, así como la necesidad de fortalecerla para atender las actuales demandas que la situación social, económica y sanitaria plantean", señalan los sindicatos.

CSEU indica que en la ANEP se promueve un "ajuste del gasto en áreas claves como alimentación escolar, boleto estudiantil, creación de grupos, apoyaturas pedagógicas a los estudiantes, eliminación de cargos docentes y de funcionarios de gestión y servicios, limitación a las suplencias como política que asegure la continuidad educativa, y se incursiona, por mandato de la LUC, en la definición de políticas educativas desde un análisis de eficiencia educativa que a mediano y largo plazo hará que la calidad, la cantidad y el tiempo pedagógico de los alumnos se vean disminuidos de forma importante".

También se refieren a Universidad de la República (Udelar) y critican el recorte en esta institución que "desde el comienzo de la crisis sanitaria ha actuado de forma rápida y coordinada para dar una respuesta adecuada y responsable según las necesidades de estudiantes, funcionarios y sociedad en general".

"El recorte presupuestal establecido en el Decreto 90/2020 constituye un importante escollo en la capacidad de actuación de la Udelar y su hospital universitario, poniendo en peligro la ejecución de planes estratégicos para el desarrollo de la institución", dicen.

Por todos estos puntos, los sindicatos expresan su "más firme compromiso en defensa de la educación pública" y reclaman al estado que la financia "con un piso del 6% del PBI para los Entes Autónomos más 1% para investigación y desarrollo".

Además se manifiestan contra "los proyectos pedagógicos coloniales a los cuales el gobierno se somete y promueve", y agregan que no renunciarán "a la dignificación y promoción por el respecto a la tarea docente y del conjunto de quienes trabajan en el sistema educativo".

Por último, se dirigen al gobierno nacional y rechazan "en todos sus términos el proceso de ajuste fiscal en curso sobre todo el Presupuesto del Estado, particularmente en la Educación Pública".

"Apelaremos, en el marco del Estado de Derecho, a todos los mecanismos Constitucionales y Legales con que contamos para enfrentar este ajuste, así como para promover y concretar soluciones a las verdaderas necesidades y urgencias de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, a pesar de las limitaciones impuestas por la LUC y la emergencia sanitaria", concluyen.