La Coordinadora de Sindicatos de Ancap se declaró "en conflicto" y anunció "un paro activo conjunto de 24 horas en rechazo a las políticas de desmantelamiento" de la empresa estatal el 24 de marzo. Además, tras una asamblea con 500 trabajadores realizada este miércoles en la Plaza 1 de Mayo de Montevideo, reafirmó que "ante cualquier cierre de una unidad productiva o privatización se procederá a la medida de ocupación".

En un comunicado de prensa, la coordinadora informa sobre otras medidas adoptadas, como la decisión de "potenciar nuestro esfuerzo con relación a la recolección de firmas contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a fin de asegurar la convocatoria al referéndum que derogue los aspectos más regresivos de la LUC". Además, anunció "paros parciales por zonas de plantas de dos horas a instrumentar entre sindicatos (por ejemplo dos horas en La Teja y ALUR Capurro con movilización y breve concentración en planta Capurro)".

Por otra parte, se anunció "una movida pública en Bella Unión el próximo 17 de marzo".

La coordinadora gremial toma estas medidas, mientras la cúpula del Ministerio de Industria, Energía y Minería prepara un proyecto de ley sobre combustibles, que elimina la mezcla de biodiesel en el gasoil, lo que permitiría reducir los costos de producción, no solo de este combustible sino de gran parte de la cadena productiva nacional. En contrapartida, el gobierno prevé crear asociar los impuestos a las naftas con un tributo a las emisiones de CO2, para cumplir con los tratados internacionales suscritos por Uruguay.

Las razones

En el comunicado, las gremiales aseguran que "Uruguay figura entre los países que menos porcentaje del PBI, ha volcado a paliar los efectos de la pandemia, pero esto no es un error, es parte de una decisión política que tiene el objetivo de producir un creciente y brutal ajuste contra el pueblo y aumentar el beneficio a los grupos económicos monopólicos concentrados que se apropian de un mayor plusvalor". La coordinadora agrega que "en este contexto hay que ubicar las definiciones pasadas y futuras sobre las empresas públicas y en especial respecto a ANCAP y sus colaterales, tanto en la Ley de Urgente Consideración como en diferentes acciones
particulares".

En ese sentido, menciona "el cierre de unidades productivas como ALUR Capurro, mediante la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gas oil; la modificación de la actual ley de agrocombustibles y la rebaja de la mezcla de etanol, perjudicando directamente a la zona de Bella Unión; la privatización de la industria cementera de Paysandú en beneficio de capitales privados; la reprivatización de las empresas de distribución de gas natural MontevideoGas y Conecta", entre otros puntos.

"Desmantelamiento"

El dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, Alejandro Acosta, dijo a la agencia EFE que existe "una política de desmantelamiento" tanto de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) como de plantas asociadas a su producción que el gobierno ha puesto en marcha al anunciar el cierre de empresas y la eliminación del subsidio al supergas, entre otras acciones.

En esa línea, informó que el 17 de marzo los trabajadores llevarán a cabo una movilización pública en el pueblo de Bella Unión, Artigas, donde funciona una de las plantas de Alcoholes del Uruguay (ALUR), propiedad de Ancap.

El pasado 2 de marzo, la Coordinadora de Sindicatos anunció que desde fines de 2020 el gobierno de Luis Lacalle Pou y autoridades de ANCAP hicieron anuncios que, para sus integrantes, implican "la profundización de una política neoliberal atentatoria contra el papel económico, social y laboral del ente".