La Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) realiza este miércoles un paro de 24 horas en el que se convocó a una concentración fuera de la sede de la cartera y la ocupación del edificio.

Tras horas de ocupar el ministerio, los funcionarios desalojaron el local, luego de que una delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concurriera y que negociaran una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo convocada para este jueves, según dijeron a Montevideo Portal fuentes del sindicato. 

La medida fue resuelta este martes a la tarde en asamblea general. En un comunicado previo, el sindicato expresó su “profunda preocupación por la pérdida salarial que implica el proceso de regularización que se está llevando a cabo” por parte de la cartera.

“El Mides se ha servido a lo largo de su historia de modalidades contractuales precarias para llevar a cabo sus objetivos esenciales, motivo por el que hoy cerca del 44% de su plantilla de trabajadoras y trabajadores están en esta situación. Se trata de un problema estructural que es menester corregir”, se expresa en el comunicado.

“Así lo entendió el Parlamento Nacional, que incluyó en la Ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal un artículo que habilita la regularización de cerca de 700 trabajadoras y trabajadores. El artículo fue votado por unanimidad, dando cuenta del reconocimiento de la problemática por parte de todos los partidos políticos y la voluntad de revertir la situación”, agregan en el texto.

El gremio señala que “las personas en situación de regularización cumplen diferentes cargas horarias, en función de las necesidades del Ministerio”, pero denuncia que, a pesar de esto, “con menos de 48 horas de antelación, las autoridades comunicaron a quienes tienen cargas horarias menores que pasarán a cumplir 40 horas semanales, pero sin la adecuación correspondiente del salario”.

“Debido a ello, hay 370 personas para las que el proceso de regularización, que debería significar el reconocimiento de sus largos años de dedicación y compromiso, se traduce por el contrario en una pérdida salarial de más de un 30%”, reclaman.

Manifiestan que “se trata de una situación visiblemente injusta”, que “significa un gran perjuicio para las trabajadoras y trabajadores implicados”.

“Afirmamos que, en ningún caso, el reconocimiento del derecho de estas trabajadoras a ocupar su lugar como funcionarias del Ministerio debería significar la vulneración de su salario. Es por eso que nos declaramos en conflicto, con el profundo convencimiento de que la solución está al alcance de la mano de las autoridades. Es imperioso que se resuelva la angustiosa incertidumbre que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores a la brevedad, evitando que la pérdida salarial se concrete”, concluye el comunicado de Utmides.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo en entrevista con Primera mañana (El Espectador) que la medida tomada por el sindicato es “totalmente inconveniente y fuera de lugar”, y que su pedido es “ilegal”. 

“En la Rendición de Cuentas se promovió por parte del sindicato la regularización de contratos que se renovaban año tras año. Había contratos que en un año o dos años se renovaban. Hubo una negociación entre ellos y la Oficina de Servicio Civil y se votó por parte de todos los partidos políticos la posibilidad de regularizarse. Cada funcionario tiene la opción de regularizarse o no, o sea que no es una imposición, es a voluntad”, señaló.

El secretario de Estado dijo que se quejan de que “los que estaban seis horas van a tener que, por el estatuto del funcionario público, que es una ley, tienen que hacer ocho horas” en caso de ser presupuestados. 

“Nos están pidiendo que vayamos a un régimen de seis horas, lo cual es ilegal. Por tanto, el que no quiere trabajar ocho horas, no se va a presupuestar”, indicó Lema. 

“Ellos pueden quedarse seis horas con la misma remuneración que tienen, si deciden no presupuestarse. Ahora, quieren tener todos los beneficios de funcionario público, pero cumpliendo seis horas”, dijo, y aseguró que ante la ocupación tendrían “la respuesta correspondiente”.