La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) se manifestó en contra de un decreto que pretende sacar el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que, según señalaron, desde el año pasado “ronda como un fantasma” y pretende modificar el funcionamiento del mercado eléctrico.
El objetivo del Poder Ejecutivo es certificar la capacidad de respaldo de potencia firme que poseen las renovables, para que los que producen este tipo de energía puedan celebrar contratos entre privados y venderle a grandes consumidores.
En un comunicado emitido este jueves, se indica que el discurso del ministro Omar Paganini “ataca directamente a la UTE” y “propone un cambio que hará subir las tarifas de todos sus consumidores”
Mientras que, a partir de esa modificación, “los generadores privados y grandes consumidores de energía obtendrían las condiciones necesarias para concretar un viejo anhelo: firmar contratos entre ellos en el mercado mayorista para descolgarse de la UTE, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del resto de los clientes de UTE”.
Los grandes consumidores, apuntaron, que pasen a comprar su energía en el mercado mayorista evitarán pagar los costos asociados al cambio de la matriz energética; estos son pagados en todas las tarifas de UTE. Y agregaron que se apropiarán de los beneficios, sobrecargando las tarifas de UTE.
Asimismo, AUTE señaló que los informes de la empresa presentan “profundas discrepancias” con lo planteado. “Tanto por la forma: falta de diálogo e intercambio con todas las partes involucradas, falta de análisis de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el funcionamiento del sistema eléctrico; como por el contenido: en lo que refiere a la metodología propiamente dicha, y principalmente al impacto que tendrían estas pérdidas económicas en el funcionamiento y las tarifas de UTE”.
En esta línea, informaron que el directorio de la empresa respaldó informes técnicos en ese sentido en 2021. “Si bien son aproximadamente 500 clientes (que consumen el 25% de la energía a nivel nacional) quienes podrían reglamentariamente dejar de ser clientes de UTE y participar en el mercado mayorista, se estima que en principio unos 100 clientes se verían beneficiados con estos cambios, lo que implicaría pérdidas netas para UTE de aproximadamente 50 millones de dólares anuales”, añadieron.
En caso de aprobarse el decreto, advirtieron, se comenzaría a reconocer “potencia firme” —que actúa como una medida del aporte que hace cada fuente de generación a la seguridad del suministro eléctrico y está relacionada con la garantía del suministro del sistema— a las fuentes renovables no convencionales (eólica, solar y biomasa), “incurriendo en extremos como el de otorgarle potencia firme a la solar incluso en horas de la noche (momento donde esta fuente no está disponible)”.
Y repararon en que, si bien estas fuentes tienen un aporte importante a la sostenibilidad del sistema, lejos están de brindar confiabilidad, ya que debido a sus intermitencias (“sequías de viento” para la eólica, u ocurrencia de nubosidades para la solar) pueden no estar disponibles en momentos necesarios.
“En situaciones críticas son las centrales térmicas e hidráulicas las que verdaderamente aseguran el suministro eléctrico”, indicaron.
Según el gremio, la propuesta “sobreestima el aporte real que hacen las fuentes renovables no convencionales, en desmedro de la térmica y, aún más para el caso de la hidráulica”, dado que la biomasa, eólica y fotovoltaica son mayormente de capitales privados, mientras que la hidráulica y la térmica de UTE; “claramente, estos cambios en la metodología de cálculo tienen un sesgo que benefician a los generadores privados y castigan a la empresa pública y sus clientes”, valoraron.
“A los grandes consumidores de energía (grandes superficies, industrias, zonas francas, etcétera) en promedio les cuesta menos del 0,4% de su valor bruto de producción costear la tarifa eléctrica, mientras que a los hogares les cuesta 10 veces más, llegando a ser más pesada esa carga en los hogares más humildes. Propusimos cambiar la estructura tarifaria como forma de que pague más el que tiene más, e hicimos propuestas de sacar el IVA en la tarifa residencial en los primeros 200 kwh de consumo”, especificaron.
Y concluyeron: “El Poder Ejecutivo propone crear un subsidio oculto de montos millonarios para beneficiar a unos pocos clientes, quienes ya son los principales favorecidos por la estructura tarifaria, provocando como contrapartida el aumento de todas las tarifas de UTE, principalmente los hogares. Además, se afectará la rentabilidad de la empresa pública, y la calidad del servicio”.
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