En las últimas horas, el sindicato del Ministerio de Desarrollo (Utmides) emitió un comunicado en el que pretende dar su punto de vista “en una coyuntura de debate sobre la demanda alimentaria y su cobertura”, demanda que “sigue siendo muy alta”.

El sindicato considera que “en un marco en el que la pobreza continúa aumentando, preocupa que la Administración interprete que la baja en el uso de programas alimentarios corresponde necesariamente a una baja en la demanda”. Por el contrario, Utmides entiende que esa reducción se debe a “una reducción de los beneficios y al aumento de las trabas burocráticas que dificultan el acceso”.

En ese sentido, el comunicado afirma que “las respuestas del MIDES ante la demanda alimentaria siguen siendo insuficientes, y de hecho se han debilitado una vez se levantó la emergencia sanitaria”.

A modo de ejemplo, se señala lo ocurrido con el programa Canastas de Emergencia, “beneficio que tuvo una reducción drástica en los últimos meses”, al punto que “actualmente, solo pueden entregarse por única vez a personas con perfiles muy delimitados, y el stock de disponibilidad es muy reducido”.

Sobre se tema, recuerda que en abril “se realizó un cambio en el registro sobre la entrega de las Canastas de Emergencia, debido al cual el sistema deja de registrar estas intervenciones como consultas por alimentación, aunque claramente lo son”. Por lo tanto —se insiste—, “la disminución de la cantidad de canastas entregadas no responde a una baja en la demanda, sino a la restricción para el acceso a las mismas”, y se agrega que “una situación similar tiene lugar con el programa de comedores”.

Sobre esos últimos, el envío indica que “la cobertura, ya de por sí baja (existen solo cuatro comedores en Montevideo) agregó procesos burocráticos previos que dificultan el acceso en lugar de facilitarlo”. Asimismo, “se establecen otras limitantes”, como el hecho de que “una vez vencido el carné las personas deben pasar seis meses para volver a utilizar el comedor”. Además, a lo antedicho “se suma la falta sistemática de boletos que permitan que las personas puedan asistir”.

Por otro lado, entienden que “acceder a la Tarjeta Uruguay Social Implica que las familias esperen varios meses la realización de la visita que habilita el beneficio, y el tiempo de demora no ha mejorado a pesar de que el Ministerio ha decidido tercerizar parcialmente la tarea en una empresa consultora, dejando una parte vital del proceso de selección de los hogares beneficiarios de los dineros del Estado en manos de empresas privadas”.

En este marco, “las familias se ven vulneradas y revictimizadas, expuestas a una situación en la que, aunque acudan en reiteradas ocasiones al Ministerio, no encuentran respuestas a sus demandas”. A esta falta de acceso se sumaría “el constante cambio de criterios y la falta de información clara sobre los beneficios”, algo que también perjudica a los trabajadores del Mides que, “no pudiendo dar respuestas, sufren constantes situaciones de violencia”.

Según Utmides, “ante la insuficiencia de respuestas del Estado, las ollas populares han tenido un rol fundamental a la hora de garantizar el acceso a la alimentación por parte de la población”. Por esa razón, el sindicato considera que “el retiro del apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas es desacertado”.

“Las ollas populares son muchas veces organizaciones emergentes que surgen en el marco de situaciones extremas y basan su actividad enteramente en el trabajo voluntario de personas que deciden volcar tiempo y esfuerzo para que llegue un plato de comida a miles de hogares del país”, asevera el texto.

En ese contexto, dichas organizaciones “hacen posible acceder al derecho a la alimentación, derecho humano consagrado en la Constitución, que debería garantizar el Estado”.

“Nos encontramos entonces en una situación en la que el Estado exige a las organizaciones voluntarias que asuman con minuciosidad la carga de gestión y burocrática que no asumió por su cuenta, existiendo un instituto dentro del propio Ministerio creado exclusivamente con ese fin (INDA). Las organizaciones sociales asumen la tarea de brindar alimentos: no son las responsables del seguimiento de los programas y la sistematización de datos”, se añade.