Sin policías: narcos presionan a víctimas de violencia machista para que retiren denuncias

En un curioso e inesperado movimiento, la violencia pública desatada por el narcotráfico se entrecruza con la violencia privada causada por el machismo y la intolerancia.

En un artículo de la periodista Macarena Saavedra, publicado este jueves en el semanario Búsqueda, se da cuenta de un fenómeno que comienza a preocupar: narcotraficantes que “aprietan” a mujeres que portan dispositivos de monitoreo o tienen custodia policial debido a ataques o amenazas en contextos de violencia machista o intrafamiliar.

En rigor, a los narcotraficantes no les importa en absoluto la vida sentimental de estas personas ni el peligro que corren. Solo buscan impedir que las denuncias por situaciones de violencia machista redunden en presencia policial en sus “zonas de negocio”, lo que perjudicaría sus operaciones ilegales.

En su informe, Búsqueda menciona como fuentes a “varios operadores del sistema de Justicia”, quienes prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias de los mismos delincuentes que amenazan a las mujeres.

“Es un fenómeno nuevo que se está dando y no sabemos cómo abordarlo”, dijo una de las fuentes, que detalló que la mayoría de los casos se registran en el área metropolitana de Montevideo, aunque también se han dado situaciones puntuales en algunos sitios del interior del país.

Además de presionar a las víctimas para que soliciten el retiro de la tobillera o la custodia policial, en algunos casos las amenazas se concretan por vías de hecho, mediante disparos contra la vivienda de la víctima o la directa y violenta expulsión de la persona de su propia casa.

El artículo detalla que en lo que va del año hubo 50 casos en los que la Justicia dispuso el uso de tobilleras, pero estas no se colocaron porque las víctimas se opusieron a ello.

Más allá de estas situaciones de violencia, los operadores judiciales consideran que hay un tema de fondo que incide en el problema, y es la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente cuando las víctimas son pobres y no tienen oportunidad de cambiar de domicilio luego de que son amenazadas o agredidas.

La crónica señala que en algunas ocasiones la Defensoría Pública solicitó soluciones habitacionales, tanto transitorias como definitivas, pero no había disponibilidad.