El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en conjunto con otras organizaciones como la Asociación Civil El Paso, Casa Bertolt Brecht y el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, entre otras, se expresaron contra el apartado referido al sistema penal juvenil dentro del capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración (LUC).

Entre otros argumentos, las asociaciones firmantes señalan que los cambios propuestos en el proyecto de ley "no se condicen con el contexto actual", en el que los delitos cometidos por menores de edad representan un porcentaje muy escaso con respecto al total.

"El capítulo sobre sistema penal juvenil pretende profundizar sustantivamente el proceso de regresión legislativa y endurecimiento de penas en niños, niñas y adolescentes, y contravenir todos los tratados y convenciones internacionales a los que nuestro país ha suscrito", dice el texto.

"Las modificaciones propuestas al actual marco jurídico establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA, 2004), adecuado a la Convención de los Derechos del Niño (CDN, 1989), incumplen con los criterios de excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad establecidos en esta última. Nuestro país ya fue señalado por el sistema internacional varias veces por continuar aplicando penas de encarcelamiento, sin promover medidas extrajudiciales o medidas alternativas a la privación de libertad", expresaron los firmantes.

Las organizaciones señalaron que "los cambios contenidos en los artículos 76 y 77, que aumentan penas privativas de libertad mínimas a 2 años y máximas a 10 años, atentan contra principios fundamentales de la CDN y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Además, la limitación del régimen de semilibertad (artículo 75) y derogación de la suspensión condicional del proceso (art. 33) profundizan respuestas de castigo mediante el encierro, sin tomar en cuenta los daños que la cárcel produce, que son irreparables".

Además, las asociaciones denunciaron "la ausencia de fundamentos reales" para avalar la aplicación de medidas más duras para los adolescentes que delinquen.

A su vez, señalaron que "la propuesta no se condice con el contexto actual de participación de adolescentes en la infracción penal".

"De aprobarse la normativa planteada se presentaría próximamente una situación de saturación del sistema de privación de libertad adolescente, al no contar en la actualidad con condiciones dignas de reclusión, que se verían agravadas por el sostenido aumento de la privación de libertad", señalan las organizaciones.

Los firmantes pidieron a los senadores y diputados que tengan en cuenta los argumentos esgrimidos en los textos que presentan las organizaciones sociales, ya que pueden ser "un aporte a la problematización".