Separan del cargo a Slamovitz y sancionan a seis profesores de San José por seis meses

La Asociación de Profesores de San José brindó una conferencia de prensa en donde informó que seis docentes del Liceo 1 fueron sancionados con seis meses de separación del cargo por divulgar fotos de ellos en la institución contra de la campaña por el plebiscito de Vivir sin Miedo en 2019.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) José Olivera señaló que sentían “sensaciones contradictorias” en torno a la situación de los profesores del Liceo 1. “No se debe obviar que estas compañeras y compañeros han tenido que vivir desde el punto de vista humano una serie de situaciones”, afirmó.

Olivera sostuvo que los docentes “fueron víctimas del manoseo” y “sometidos al escarnio público”, y se “les prohibió por 180 días poder ejercer el derecho al trabajo”. “Han tenido que sobrellevar situaciones de familias que injustamente fueron llevadas también a este escarnio público que merece que reflexionemos cómo el odio, la sed de revancha, la sed de venganza, el no respeto al pleno ejercicio de los derechos humanos tan elementales como el derecho a expresión u opinión, en manos de algunos actores de nuestra sociedad ponen en práctica acciones que intentan denigrar la condición humana de nuestras compañeras y compañeros, sus familias, entornos y compañeros de trabajo”, aseveró.

El dirigente sindical comentó que de los 14 docentes involucrados en la investigación de Secundaria “hay ocho que el cierre del proceso sumarial determinó la inexistencia de responsabilidades”.

A los seis docentes sumariados se los separó del cargo por 180 días y se dispuso “la retención total de sus haberes”. “No nos podemos acostumbrar a vivir en una sociedad donde la libertad y los derechos solo pueden ser ejercidos por unos pocos”, aseguró Olivera y reiteró que hay “un proceso de persecución político-sindical”.

Por otro lado, para el profesor Marcel Slamovitz se instruyó un sumario, con separación del cargo y retención del 50% de sus haberes. Olivera explicó que esta fue una decisión de la Dirección General de Educación Secundaria.

Olivera señaló que “hay una realidad de un conjunto de decisiones políticas que están empecinadas en atacar a las organizaciones sindicales por el simple derecho de ejercer sus derechos como la sindicalización, la libertad de opinión o al libertad de expresión”.