El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, nuevamente será convocado a la Comisión de Salud del Senado. La bancada frenteamplista resolvió este lunes que planteará a la comisión volver a citar al ministro, que el pasado 5 de enero ya había concurrido junto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Luego de los anuncios sobre la adquisición de vacunas de Sinovac y Pfizer contra la COVID-19, los senadores del Frente Amplio (FA) tienen intención de conocer más sobre los contratos que se firmaron con los laboratorios, como con quiénes se negoció específicamente, cuándo llegarán las dosis y cuánto costaron.

En conferencia de prensa, el senador frenteamplista Daniel Olesker dijo que luego de la reunión que el 5 de enero mantuvo Salinas con la Comisión de Salud, tres temas aún siguen sin responderse, motivo por el que se dará esta nueva convocatoria.

"Hay tres elementos: dos que emergen de la convocatoria del 5 de enero y uno nuevo que se suma a estos elementos emergentes. Los dos elementos del 5 de enero son: cuando preguntamos cuál iba a ser la estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia en términos integrales se nos dijo ese día que el 6 de enero se reunía el Consejo de Ministros para evaluar las medidas y tomar decisiones futuras. Correcto, no podía contestarlo porque todavía no estaba definido. Ahora sí ya está definido y creemos que es necesario que se expliciten los fundamentos de esas medidas, los fundamentos de la flexibilidad de fronteras, el mantenimiento de los horarios extendidos en los bares y otras medidas que se tomaron o que se reafirmaron del plan de diciembre", inició Olesker.

"La segunda cosa que también proviene del 5 de enero es que allí, frente a la pregunta de por qué estaban bajando los testeos, el ministro respondió que eso iba a cambiar por la llegada de nuevos test, los de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y otros tipos de test que se estaban procesando, que eran los que daban respuesta rápida. Sin embargo, los test siguen estancados, esa idea de llegar a 10.000 o 12.000 test para poder tener una plataforma adecuada de relación con los casos positivos no se ha cumplido. Y la tendencia de la tasa de positividad no parece bajar, entonces queremos saber cuál es la estrategia respecto a los test", continuó.

Olesker dijo que la tercera razón es la falta de información sobre las vacunas que recibirá Uruguay para combatir la propagación de la COVID-19. Olesker señaló que la fuerza política quiere conocer detalles sobre las adquisiciones, como con quién se negoció y cuándo llegarán las dosis.

Luego del anuncio de los acuerdos por las vacunas, Dimas Covas, director del Instituto Butantan de San Pablo (Brasil), intermediario entre Sinovac y países latinoamericanos, manifestó que Uruguay no había acordado con su instituto y, por tanto, no se había establecido la cantidad de dosis a entregar al país. En conferencia de prensa, Luis Lacalle Pou dijo que Uruguay negoció con un "representante autorizado" por Sinovac, pero tan solo dos días más tarde la empresa advirtió que se detectó la presencia de falsos representantes.

Ese día, fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Montevideo Portal que estaban en conocimiento de esa información y confirmaron que Uruguay "cuenta con el apoyo de Sinovac" para recibir en el menor plazo posible 1.750.000 vacunas, tal cual se acordó. Ese día, más tarde, el director del Instituto Butantan señaló que Uruguay había negociado directamente con Sinovac.

Olesker dijo que "parece ideal" que el ministro de Salud Pública informe a la Comisión de Salud del Senado qué fue lo que se arregló con los laboratorios. En este sentido, dijo que "parecería bueno" que al ministro lo acompañara, al igual que el 5 de enero, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, "dado que una parte de las negociaciones quedaron a cargo directamente de la Presidencia de la República".

En cuanto a los precios de las vacunas, Olesker señaló que "son importantes" pero en el FA no están "en la tesitura de que hay que optar por la más barata". "Los precios nos importan simplemente para tener transparencia de cuánto se está pagando", no porque el precio sea  un "factor decisorio". "Sí sería bueno saber cuánto se va a pagar, en qué condiciones, cuáles son los plazos en los que van a llegar", añadió.