Montevideo Portal
Este miércoles sobre la hora 11.30 los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara presentaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Tercer Turno una ampliación de la denuncia presentada en setiembre de 2021, por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la multinacional belga Katoen Natie.
Según documentos a los que accedió Montevideo Portal, los legisladores presentaron el plan de negocios presentado por la empresa en el año 2001, donde se reconoce por parte de Katoen Natie que está inscripta dentro de un marco de libre competencia en el Puerto de Montevideo.
“La Terminal especializada del puerto de Montevideo enfrentará desde un comienzo la competencia con los restantes operadores en la Terminal Polivalente o Multipropósito por la captación de los tráficos que han sido proyectados para el puerto de Montevideo”, apunta el documento que presentaron los senadores ante la Justicia.
Se reconoce a su vez que el escenario cambió con respecto a antes que se presentará la licitación en ese año, dado que los “operadores del Puerto de Montevideo se han ahora fusionado para formar una única firma (Montecon).
“Estos operadores privados incorporaron en el año 2000 dos grúas móviles, las que operaron fundamentalmente en la terminal multipropósito, y lograron hacer crecer fuertemente los movimientos en esa terminal (de 70.000 TEU movidos en 1996 a 200.000 en el año 2000, casi 70 % del movimiento total) (*). El operador de la Terminal especializada contará en el futuro, no obstante, con fuertes ventajas competitivas derivadas de sus mayores niveles de productividad asociadas a su equipamiento y disponibilidad de espacio y muelle que le permitirán enfrentar esta competencia”, señala la documentación.
A su vez, se consigna que “se prevé la posibilidad de que el operador de la terminal especializada pueda operar en la Terminal multipropósito y que se produzca algún tipo de acuerdo con el/los operadores de la terminal multipropósito”.
Carrera explicó que el plan de negocios presentado en 2001 se acredita que “regía el régimen de libre competencia” y que la empresa belga “se comprometía a respetarlo” tanto para los muelles públicos como para una potencial terminal especializada.
El senador insistió en que hubo por parte del gobierno “una mala gestión en la negociación” y “se configuraron delitos", por ejemplo el de conjunción del interés público y el privado”.
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