Senadora frentista respondió a cabildante que cuestionó procesamiento de militar retirado

El 10 de junio la jueza Silvia Urioste dictaminó el procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal Antunez por el delito de homicidio contra el militante tupamaro Nelson Barrera en el año 1972 mientras intentaba huir tras ser detenido.

Al día siguiente el ministro de Defensa Javier García se reunió con el presidente Lacalle Pou y dijo que ambos estaban "preocupados" por esta resolución. "Hace 48 años atrás, esta persona, soldado raso, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida. Recibiendo una orden", dijo García en ese momento.

Días después, el 16 de junio, en la media hora previa a la sesión del senado, el legislador de Cabildo Abierto Raúl Lozano se mostró molesto por la decisión judicial y dijo que responde a una "persecución ideológica de venganza y que nada tiene que ver con Justicia". "Estamos ante un hecho muy grave que atenta nuestro Estado de derecho", dijo el senador que también es coronel de Artillería.

15 días después, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura tomó el guante y respondió en la media hora previa a la sesión de este miércoles a lo dicho por el senador Lozano.

"Parece que para algunos no fuera motivo de preocupación que la justicia demorara 48 años en sancionar al culpable de un homicidio sino que la justicia actúe", dijo Della Ventura y se mostró "asombrada" y "preocupada".

En seguida citó las palabras del fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe en una entrevista con el semanario Búsqueda: "No se puede poner el eje en que las víctimas son los militares porque actúa la justicia. Las víctimas son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas sin importar lo que hicieron. Porque hayan hecho lo que hayan hecho no se los puede matar, ni torturar, ni hacer desaparecer".

La senadora agregó además que "los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca".

Luego habló sobre la obediencia debida de los militares, dijo que es "la esencia de la disciplina militar pero no es absoluta, ni ciega".

"Toda orden manifiestamente ilegal no debe ser cumplida. Es más, la jurisprudencia moderna considera que en tal caso, se tiene no ya el derecho, sino el deber de desobedecer", argumentó, y agregó que esta manifiesta ilegitimidad es un "límite infranqueable".

También señaló que si bien en 1972 en Uruguay había un estado de excepción y existía la ley de Seguridad de Estado "en ningún lado había una norma que autoriza a matar a nadie, ni aunque se recibieron órdenes en ese sentido".

"El mensaje del fallo judicial es claro: las tareas propias de las Fuerzas Armadas no habilitan a sus miembros a emitir órdenes criminales, y menos aún, a llevarlas a la práctica. La obediencia debida no puede ser invocada como eximente de ningún crimen", manifestó.

"Por eso nos preocupa el mensaje que pueda darse a la sociedad, y en particular a las fuerzas militares y policiales (...) es un mensaje no solo hacia el actuar en el pasado sino que trascienda hacia el presente y el futuro", dijo Della Ventura.

Por último, ejemplificó con los militares que se encuentran realizando tareas de control en la frontera: "¿Están eximido de respetar el derecho a la vida del infractor? ¿Las autoridades piensan que quienes atenten contra ese derecho a la vida deben ser impunes? ¿Se les dará un cheque en blanco a las fuerzas represivas siempre y cuando haya órdenes al respecto? Son preguntas que surgen e inquietan y a las que debería darse respuestas bien claras y contundentes".