El senador electo por el Frente Amplio Charles Carrera señaló este domingo que, "lisa y llanamente", el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, podría estar incurriendo en una conjunción de interés público y privado al ser parte del proceso judicial que tiene a la multinacional Aratirí y al Estado uruguayo enfrentados.
Alfie aclaró este domingo que su participación en el juicio se debe a que en abril del año pasado se le solicitó, a través de un estudio jurídico que no especificó, que elaborara un informe sobre la historia y el financiamiento de los regímenes de promoción de inversiones en nuestro país desde 1974.
Según estableció en un comunicado público, el informe "no trata ni se expide sobre el fondo" del juicio, y él "no" es actor de "ninguna disputa contra el Estado uruguayo".
"Mi participación se restringe a los asuntos descritos en los numerales anteriores. La potestad de citarme a declarar depende del tribunal y no las partes del caso.
Sin embargo, el periodista Gabriel Pereyra adelantó que hace unos diez días que Alfie está en Estados Unidos reuniéndose con abogados de la multinacional y preparando la declaración. Añade que Aratirí le habría dado "instrucciones" al economista.
El abogado y electo senador del Frente Amplio Charles Carrera escribió este domingo en su cuenta de Twitter que este caso podría constituir un episodio de "conjunción de interés público y privado".
Carrera dijo que este caso "merece especial atención" y que le recuerda al gobierno argentino de Mauricio Macri: "Empresarios y funcionarios que solo piensan en su propio beneficio antes que en el país y su gente".
Para Carrera, Alfie es "libre" de ejercer su profesión y "buscar lucro compensatorio". "Pero que participe con un alto cargo en el Estado lleva a una confusión de roles que lisa y llanamente puede configurar una conjunción de interés público y privado", escribió.
"¿Que garantía tenemos los uruguayos que cuando sea director de la OPP no jugará a defender los intereses de esta empresa que lo contrató y que mantendrá vigente un juicio millonario contra el Estado uruguayo?", añadió.
Carrera cuestionó también al gobierno electo (que respaldó el accionar de Alfie) por hacer un "flaco favor" y no dar una "señal clara".
La empresa la realizó una demanda al Estado por 3.500 millones de dólares al entender que durante la implementación del proyecto de la minería a cielo abierto hubo "cambios" que la tornaron inviable.
Entre los puntos más fuertes de la demanda está el hecho objetivo de que hubo un cambio en la legislación uruguaya, además de la eliminación del proyecto del puerto de aguas profundas en Rocha, donde había sido planteado el proyecto.