El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani publicó un extenso hilo de Twitter en el que hizo referencia al proyecto Neptuno que se está acordando en OSE y sus repercusiones en el ámbito parlamentario, un tema que le “preocupa” por el avance de la “privatización del agua”.

En primer lugar, el legislador recordó que a principios de este año se citó a las autoridades de la empresa pública para que den información al respecto, algo que no pudo lograrse porque “no han tenido tiempo de venir”.  Recordó que el proyecto Neptuno es una construcción de una planta potabilizadora que consiste en la instalación de una toma de agua en Arazatí, sobre el Río de la Plata más la construcción de un sistema de bombeo y ductos para el traslado de la materia hacia Montevideo.

El pasado martes, contó Caggiani, la Comisión de Ambiente del Senado recibió a dos integrantes de REDES-AT Uruguay (una red de ecología social) que denunciaron la inconstitucionalidad del proyecto y las dificultades que presentará tanto la aprobación como su ejecución.

“El proyecto Neptuno es inconstitucional. La redacción del artículo 47 de la constitución enuncia que ‘el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales’. La cuenca del Santa Lucía, como la de otros arroyos, ríos y cuencas de nuestro país son fuentes ricas de agua sobre las que podemos establecer normas para cuidar o mejorar su calidad y cantidad de agua. El Río de la Plata no lo es”, indicó sobre las observaciones de REDES.

Al mismo tiempo, Caggiani recogió que desde el punto de vista de la viabilidad representa un “costo extra y una complicación” por la salinidad que tiene el Río de la Plata durante 60 días al año, más allá de la construcción de una reserva de agua dulce.

Por otro lado, el senador hizo referencia al servicio público de abastecimiento de agua, que a su entender debe estar pensado y planificado por “personas públicas estatales” y que la sociedad civil, constitucionalmente, debe estar presente en todas las instancias de planificación, control y gestión de los recursos hídricos.

“En el debate sobre el proyecto Neptuno no ha estado presente esa posibilidad mandatada por la carta magna. Es cuestionable que además se haya encomendado a privados la presentación de propuestas vinculadas al servicio de agua y saneamiento. El análisis de los recursos hídricos pasa a estar en manos de privados, y no en manos del Estado, la Academia y las organizaciones sociales, que son quienes han gestionado, investigado y trabajado alrededor de ellos durante un largo tiempo”, escribió.

Asimismo, Caggiani destacó el “enriquecimiento” del agua en nutrientes como el fósforo y el nitrógeno que produce la formación y concentración de algas que se están acumulando en las aguas de la zona del Río de la Plata, por tanto, una toma de agua allí supondría, según dijo, “una fuerte presencia de algas”.

Con respecto a lo legal, el frenteamplista aseguró que la empresa Mekorot, con la que el Estado y OSE hicieron convenio tiene una legitimidad “altamente cuestionada” y que empresas y estados se “abstuvieron de firmar acuerdos por su política de apartheid del agua”. Añadió que los informes de consultoría que se tomaron en cuenta fueron referenciados a Israel, una zona en la que no llueve y cuyo sistema es totalmente diferente, y en “escasos siete días”, expresó.

Más adelante, y ya finalizando su comentario, el integrante de la Cámara Alta opinó que el proyecto “preocupa” por su génesis, por la “privatización del agua que genera”, por sus “desventajas comparativas con proyectos de carácter público”, por el aumento de tarifas a futuro y por sus consecuencias ambientales, entre otras cosas.

“Todas estas dudas han sido compartidas por los integrantes de los diferentes partidos en la Comisión de Ambiente, y tanto es así, que hemos reiterado la convocatoria a las autoridades de OSE para que concurran a la Comisión”, comunicó.

“En caso de no concretarse la convocatoria, no descartamos tomar otro tipo de medidas para que brinden la información necesaria, para que el Parlamento y la ciudadanía conozcan de primera mano las respuestas de todos estos cuestionamientos al proyecto”, concluyó.