Senador blanco presentó proyecto de ley para simplificar trámites administrativos públicos

El senador de la República por el Partido Nacional Aldo Lamorte presentó un proyecto de ley que busca una simplificación de los trámites administrativos en las entidades públicas, mediante una serie de medidas de “racionalización y optimización”, que permitan una “mayor eficiencia” en la gestión pública y un mejor servicio a las personas.

En el proyecto, según menciona su segundo artículo, están incluidos todos los trámites administrativos promovidos de oficio o por una persona, física o jurídica, ante cualquier entidad pública. “Las personas no deberán presentar ante las entidades públicas, información personal que otra entidad estatal deba poseer sobre ésta. La información será solicitada y entregada entre las entidades públicas debiendo generarse un procedimiento adecuado a estos efectos que implique la mayor eficiencia y celeridad para su obtención”, señala el tercer artículo.

Finalmente, el proyecto prohíbe a las entidades públicas requerir información que se conozca o se presuma que ya esté verificada dentro del Estado.

En la exposición de motivos, el senador sostiene que el avance en el Gobierno Electrónico es más una cuestión de “decisión política” que de “actividad técnico-profesional” y que supone un avance “concreto y sin pausas” en el uso de las tecnologías y la comunicación a los efectos de la construcción de un Estado “más moderno y eficiente”.

“Es imprescindible la construcción de Entidades Públicas que compartan la información y generen mecanismos de interoperabilidad e intercambio de información de manera tal que la información personal que se encuentra incorporada a una Entidad Pública, pueda compartirse con otras, a través del desenvolvimiento de procesos tecnológicos internos. Es imprescindible por tanto concretar el rediseño de procedimientos y trámites administrativos a efectos de facilitar la tramitación con el Estado, sin necesidad de requerirle a la persona información que ya se encuentra en su poder, en razón de la competencia y especialidad que cada entidad posee”, manifiesta el legislador.

Finalmente, el nacionalista aseguró que existe otra multiplicidad de normas que otorgan un marco jurídico coherente para el desenvolvimiento de las políticas en materia de gobierno electrónico.

“Sin embargo, se entiende pertinente avanzar hacia la concreción efectiva, con plataforma legal específica y con ámbito subjetivo de aplicación omnicomprensivo, en lo que hace relación a evitar la duplicación de requerimientos de información a las personas cuando es razonable que otra entidad con competencias específicas y eventualmente concurrentes ya verifica efectivamente la información”, concluye.