El senador Gustavo Penadés dijo a Montevideo Portal que la coalición de gobierno buscará, “en los próximos días”, aprobar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo para reparar a las víctimas de “grupos armados por motivos políticos” en el período comprendido entre 1962 y 1976.
“Hay voluntad política de tratarlo y votarlo en los próximos días”, dijo Penadés. El referente de la bancada del Partido Nacional enfatizó que la idea es aprobarlo “seguramente antes de fin de año”, y que para eso el oficialismo cuenta con los votos de la coalición.
Una vez aprobado en el Senado, el proyecto de ley deberá ser debatido en Diputados, donde el oficialismo buscará darle sanción definitiva en 2023.
El texto remitido al Parlamento con fecha 20 de diciembre propone una “indemnización moral, social y económica” a víctimas civiles, policiales, militares y sus familias que “hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos”, según establece el proyecto de ley.
“El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria”, señaló el articulado en su cuarto artículo.
El proyecto de ley también sostuvo que los gastos generados a partir de la aplicación de la eventual ley serán financiados a partir de Rentas Generales. El texto fue firmado por los ministros del presidente Luis Lacalle Pou y era un reclamo de Cabildo Abierto, partido liderado por el senador y excomandante del Ejército Guido Manini Ríos.
La exposición de motivos del proyecto de ley afirmó que “las referidas víctimas y sus familias han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a la indemnización pecuniaria”. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, agregó esa parte del texto.
El proyecto de ley crea una Comisión Especial que atenderá “la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo” así como “el otorgamiento de los beneficios dispuestos”.
Las personas comprendidas serán todas aquellas que “hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal, respecto de los hechos ocurridos en el período señalado”.