La Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista, sector del Frente Amplio que integra Fernando Pereira, emitió un comunicado este domingo en el que hizo referencia a varios asuntos, entre otros, el tema que involucra a Eduardo Ache y las “sucesivas renuncias” de “altos cargos” de la administración.

Sobre las dimisiones, la Vertiente asegura que estas “ponen en alerta” al gobierno sobre el problema de “corrupción que aqueja” al Poder Ejecutivo y que no se están dando salidas claras, por ejemplo, la de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira.

“Los motivos de renuncia de Irene Moreira deben ser transparentados, no escuchamos salidas claras del gobierno sobre la asignación de viviendas que se hicieron públicas, así como tampoco se observó una autocrítica del ministro del Interior y del presidente de la República sobre las mentiras del exdirector de Convivencia Santiago González. Esperemos que se corrija el rumbo. Queda menos tiempo, ya van cuatro años de gobierno”, reza el comunicado.

Luego, la Vertiente “insta” al gobierno a que “preste atención” y “siga de cerca” procesos judiciales como el que involucra a Ache, quien es sujeto de un pedido de imputación en Perú por la causa de corrupción conocida como Lava Jato-Odebrecht.

“Ache fue designado por el gobierno y desempeña funciones como presidente del Panel de Análisis de Disputas del Puerto de Montevideo e integra la Comisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030”, agrega.

Finalmente, el comunicado también habla del agua. Dicen que este producto está en el “centro de la agenda” por los “errores y omisiones” del gobierno, más allá de los efectos de la sequía. Esta situación —dicen— está siendo reconocida hoy por los “propios representantes del oficialismo”.

“La última interpelación realizada a los ministros de Ambiente y de Salud Pública aportó claridad sobre este tema que preocupa a la población. En el contexto de la interpelación, se aprobó la extensión del plazo del crédito de la CAF para el financiamiento de Casupá”, indica.

“Ahora, hay que exigirle al gobierno, que no tire la pelota para adelante y que explicite a la población si va a iniciar las obras del postergado proyecto. Nos preocupa particularmente la falta de definición de políticas que atiendan la dimensión social del impacto de la crisis del agua. El gobierno debe bajar las tarifas para no seguir castigando a los más humildes y a los sectores de trabajadores/as”, añade.

Por último, el comunicado critica que el gobierno parte de la premisa de que todos los sectores pueden comprarse agua embotellada y “no da soluciones”, y que la interpelación le dio la razón al director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, quien fue catalogado como “alarmista” cuando lo que estaba haciendo era “advertir de la gravedad” que luego se confirmó, concluye el texto.