Se conmemoró este jueves, como cada 7 de diciembre, el Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese marco, se realizó un conversatorio en el Palacio Legislativo sobre la materia.
Allí, además de tener “el objetivo de visibilizar la problemática”, se presentaron las cifras recabadas por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), un organismo de carácter institucional que se encarga de elaborar y articular políticas públicas para combatir este crimen.
Según se informó, Conapees trabaja en 346 denuncias de explotación sexual en territorio, de las cuales 169 corresponden a este año. A su vez, la mayor parte de las víctimas son mujeres —297 casos—, en su mayoría de entre 12 y 17 años.
De la presentación participaron el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Guillermo Fossati, el presidente de Conapees, Luis Purstcher, y la directora general del INAU, Dinorah Gallo. Los jerarcas expusieron el tercer Plan Nacional para la erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Uruguay.
Fossati enfatizó que los entornos digitales son “un escenario donde existen nuevas modalidades que adopta la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.
El presidente del INAU señaló que, para combatir la explotación sexual en la infancia y la adolescencia, es necesario “recopilar datos, desarrollar un programa especializado para las necesidades de víctimas, capacitar a profesionales, habilitar un centro de 24 horas especializado, mejorar la llegada en todo el territorio, adoptar medidas proactivas para reducir el riesgo y prestar especial atención a niños con mayor vulnerabilidad”, según informa el instituto.
Por su parte, el presidente de Conapees habló de la importancia del abordaje y estudio de estos espacios digitales dado que es un momento en el que “el tiempo de permanencia en las pantallas supera muchas veces el tiempo con los vínculos familiares”.
En ese sentido, Purtscher señaló “la necesidad de poder abarcar áreas de la realidad que quedan fuera de la legislación”.
“Debemos profundizar en el control legal de las aplicaciones y las nuevas tecnologías, en un contexto donde el mundo adulto queda cada vez más ausente”, expresó.
Hizo hincapié también en la importancia de que el abordaje sobre esta materia “esté presente en la formación de los futuros profesionales” y en distintas disciplinas académicas. “Debemos reforzar el análisis y el estudio de las violencias, para que el profesional que egresa esté preparado si aparece un primer caso”, sostuvo el jerarca.