Schipani: “Quedó demostrado que se montó un mecanismo con el fin de defraudar al Estado”

Integrantes de la Cámara de Diputados por la coalición multicolor brindaron una conferencia de prensa en el mediodía de este lunes en la que se refirieron a la Comisión Investigadora que indaga presuntas irregularidades en horas sindicales que se tomaron por parte de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

El primero en hablar fue el diputado por el Partido Nacional Alfonso Lereté, que recordó que en 2019 en pueblo uruguayo les “dio un mandato”. Este “mandato” era “investigar y formar auditorías”.

“Nosotros acatamos esa orden de las urnas y empezamos a sacar el velo de la oscuridad”, reflexionó.

“En esta comisión investigadora encontramos omisiones, irregularidades y conductas con apariencia delictiva. Lo que nos llevó a afirmar en una primera instancia la presunción de delitos de fraude, falsificación, abuso de funciones y encubrimiento para ocho personas, dos exjerarcas de Secundaria y del anterior gobierno del FA, y seis funcionarios públicos, profesores sindicalizados”, añadió.

Por su parte, el representante del Partido Colorado Felipe Schipani, miembro denunciante, aseguró que, luego de esta comisión, “quedó absolutamente demostrado que se montó un mecanismo gigantesco con el fin de defraudar al Estado”.

“Se presentaron en más de 70 liceos de todo el país certificados falsos que evocaban a un convenio inexistente, induciendo a error y engañando a los directores de esos liceos para que se justifiquen esas inasistencias que no tenían ningún amparo normativo. Tenemos en poder de la comisión más de 380 certificados que justifican 536 días presentados por 120 dirigentes de Fenapes en 70 liceos del país”, afirmó.

Además, el colorado enfatizó que hubo “responsabilidades” de autoridades de Secundaria de la época y que, conocimiento estas irregularidades, con certificados falsos e informes jurídicos que le decían que de ninguna manera se podían justificar esas inasistencias, “hicieron la vista gorda y actuaron en connivencia con la dirigencia sindical”.

“La lamentable conclusión de esta investigadora es que la prioridad de las autoridades de la educación en el período pasado no eran los estudiantes, no era la educación y el derecho de todos para acceder a la educación, sino que era procurar quedar bien y acceder a cada uno los requerimientos que hacía la corporación sindical”, recalcó.

Asimismo, Schipani destacó que cada una de las cosas que afirmaron y que tienen relevancia penal fueron probadas y que en el debate de la cámara se presentó cada una de las pruebas que confirmarían las presuntas irregularidades administrativas, las omisiones de las autoridades y que hubo conductas con “vicios delictivos”.

Por su parte, el diputado Eduardo Lust consideró que la argumentación de dos legisladores de la comisión fueron “contundentes” y que la defensa del Frente Amplio fue “formal”.

“En los 40 minutos que tenían para exponer, hablaron 43 minutos de formalidades y 2 minutos del fondo. Lo más importante de esta comisión, además de lo que se ha constatado, es un plan de acción para destruir la enseñanza. Una generación que es lo que, en mi concepto, era el objetivo. No es algo que yo crea, los números, los porcentajes y los informes de la cantidad y calidad de egresados de Secundaria lo demuestran”, expresó.

Para Lust, el gobierno tiene el compromiso de detener esta situación. “El primer año de gobierno se cambió la estructura orgánica, el segundo año se investigan los abusos de las licencias sindicales, en el tercer año se vienen la aplicación de los nuevos planes y la profesionalización de la docencia”, concluyó.

Consultado sobre de dónde surgieron los convenios para justificar las faltas, Schipani respondió que, lamentablemente, no comparecieron los dirigentes sindicales que podían responder y que tampoco lo hicieron las exjerarquías de la enseñanza. “Cuando le preguntamos por este particular, no fue clara la exdirectora de Secundaria”, dijo, y agregó que lo que concluyen es que “Fenapes inventó la existencia de ese convenio”. “Fue un invento”, reafirmó.

“Como en el gobierno de Mujica se inventaron certificados invocando el 7013 y después se advirtió que con eso había una pérdida económica, en el año 2015 lo cambiaron al 7010. Es un invento que le dio a esos certificados verosimilitud porque realmente si a los directores le presentaban un certificado con el membrete de Fenapes, con el logo del PIT-CNT con la firma del presidente de Fenapes que invocaba una norma, eso era creíble y por eso hablamos de un engaño a los directores y así lo demuestran todos los testimonios que pasaron por la Comisión. No nos consta que haya habido un convenio que adicione horas sindicales a las que ya existen”, concluyó.