El abogado Hoenir Sarthou se hizo presente este miércoles a la audiencia judicial citada por el juez Alejandro Recarey ante una demanda que presentó a través de una acción de amparo por la presunta discriminación que vivieron dos de sus defendidas cuando pretendían viajar a Buenos Aires en la segunda semana de julio.

Según contó en rueda de prensa, cuando se disponían a sacar los pasajes y hacer la reserva se encontraron con que se les exigía una prueba de PCR para reingresar al país por el hecho de no estar vacunadas, una obligación que están exentas aquellas personas que sí lo están.

“Como las personas vacunadas y las no vacunadas pueden contagiarse o contagiar de covid-19 resulta una cosa discriminatoria e irracional porque si todos pueden contagiar por qué unos tienen que hacer a su costo un examen para poder regresar a su país y los demás ingresan sin ninguna limitación”, comentó el abogado, quien explicó que su recurso de amparo es para “evitar que se discrimine a las personas no vacunadas que están ejerciendo su absoluto derecho”.

“La vacuna no es obligatoria en el Uruguay y si no es obligatorio no puede tener ninguna consecuencia perjudicial para la persona no vacunada. A esto se suma un tema adicional, que esperemos que se aclare ahora, que es la falta de información adecuada sobre el contenido de las vacunas, sobre los posibles efectos adversos que tenga y acá no se ha dado información, nuestro gobierno no ha dado información sobre qué contiene la vacuna, cuáles son los efectos posibles y en qué condiciones se compraron las vacunas”, indicó, según consigna radio Monte Carlo.

Consultado sobre la actuación del juez Recarey, quien dio curso a la demanda de sus defendidas, dijo que es un magistrado conocido porque “se caracteriza por tener una actitud muy estricta y legalista”, una actitud que, según entiende, “lo llevó a tener algunos conflictos con distintos gobiernos de todos los signos”.

“Tuve hace 10 años un juicio civil con él con toda la corrección del mundo, un juicio sin ninguna connotación política, pero actuó como corresponde a un juez. Confío en él en cuanto a su rectitud y nadie ha podido decir de él nada más que el hecho de que es un estricto aplicador de las leyes”, señaló.

Sobre la respuesta esbozada por el Ministerio de Salud Pública que destacó la “imparcialidad del juez”, Sarthou se preguntó: “¿Eso qué significa, que los jueces deben tener una postura determinada para poder actuar como un juez?”, cuestionó, y criticó que nadie haya cuestionado la negativa previa que había recibido el abogado cuando presentó una acción legal similar representando a 2.700 personas.

“No sé por qué el Poder Ejecutivo tiene que preguntarse qué opina en su intimidad el juez cuando no hizo ninguna manifestación personal sobre esto. Me parece una intervención absolutamente indebida del Ejecutivo respecto al Poder Judicial, es una falta de respeto no solo hacia el juez, sino hacia el Poder Judicial y hacia la independencia de los poderes”, concluyó.