En la mañana de hoy, la noticia resonó en ambas orillas del Río de la Plata. Un joven argentino había embarcado en un ferry de la naviera Buquebus para viajar desde Colonia a Buenos Aires. Al abordar, omitió comunicar que padecía COVID-19, algo que sí hizo cuando el barco ya estaba en plena travesía.
El pasajero fue aislado de inmediato en el barco y entregado luego a las autoridades argentinas, que montaron un gran operativo en el puerto de la capital argentina. Los 400 pasajeros y todos los tripulantes fueron conducidos a hoteles acondicionados como centros de cuarentena.
Las primeras versiones de la noticia incluían imprecisiones. El matutino Clarín señalaba que el joven argentino había escapado del Hospital de Clínicas, algo que fue desmentido por las autoridades de dicho hospital, según informara Telemundo.
Posteriormente, circularon versiones que decían que el enfermo se había fugado del sanatorio SEMM Mautone de Punta del Este. Esta tarde, dicho centro de salud emitió un comunicado donde explica la situación.
Desde el sanatorio se expresa que "a solicitud de un prestador de salud", personal del sanatorio concurrió al domicilio del joven, en Punta del Este "a efectos de tomar una muestra". Previamente "se le había indicado que debía ser en su domicilio, no en nuestras instalaciones con las cuales, de hecho, no tomó contacto alguno", detalla el envío.
"El equipo adoptó todas las precauciones necesarias en el momento de tomar esa muestra. Una vez obtenida la muestra se procedió a su procesamiento, comunicándose el resultado al prestador solicitante a los efectos de que contara con los elementos necesarios para continuar la asistencia del paciente", prosigue el texto.
"Como institución de salud estamos comprometidos con todas las acciones que se deban desarrollar para enfrentar la propagación del COVID19, con el profesionalismo y la responsabilidad de siempre", concluye.
El joven en cuestión, que llegara días atrás desde Europa, está actualmente en un sanatorio porteño, donde se le realizarán nuevas pruebas. Si se confirma que padece COVID-19, la Justicia del vecino país podría condenarlo a penas de hasta 15 años de prisión por "propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".
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