La interpelación a los ministros de Economía y Relaciones Exteriores, Azucena Arbeleche y Francisco Bustillo, terminó con la aprobación de una moción en la que —en su punto siete— se pide el cese de toda la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y la realización de una auditoría externa al organismo.

El diputado del Frente Amplio y miembro interpelante en esta oportunidad, Nicolás Viera, explicó que el texto de la moción fue aprobado con los votos de Cabildo Abierto y del partido de izquierda que integra. “Tuvimos en toda la interpelación una coincidencia en lo central”, agregó Viera en relación a la negociación con los cabildantes. 

En diálogo con Primera mañana (El Espectador), el diputado frenteamplista explicó que “cualquier definición que se tomara y que no incluyera a Cabildo dentro del bloque del oficialismo podría implicar el quiebre de la coalición”. Viera añadió que “ese elemento político” tuvo mucho peso durante la interpelación y “llevó a que Cabildo Abierto votara algunos puntos” con los partidos oficialistas. 

En el punto seis de la moción aprobada por el Parlamento tras la comparecencia de los ministros, se “considera necesario que la delegación uruguaya” en Salto Grande “promueva de forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”. En este sentido, el texto aclara que “resulta imprescindible” el cese inmediato de quienes han “sido contratados y se desempeñan como ediles” en Salto. 

Viera explicó que este punto fue votado por todos los partidos y “salió prácticamente por unanimidad”. 

Por otro lado, el diputado frenteamplista consideró que al término de la interpelación le quedaron “sentimientos encontrados” y apuntó que el equipo de Cancillería no respondió ninguno de los cuestionamientos que hizo la oposición. “De 150 preguntas que hicimos, no logramos que nos respondieran una completa”, sostuvo. 

Para Viera, el gobierno “se fue del Parlamento cuestionado y eso se expresa” en la moción aprobada por los legisladores. Pese a esto, aclaró que el Frente Amplio no obtuvo “ninguna información” que no tuviera en la previa a la instancia legislativa. “No sabemos en qué consisten los contratos con algunas de las organizaciones sociales, no sabemos si hubo concursos y, si hubo, cuáles fueron”, puso como ejemplo el diputado.