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Tras la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, el legislador frenteamplista Nicolás Viera dijo que el jerarca comunicó sobre “soluciones” para 23 de los 36 cargos designados por contratación directa en la Comisión Técnico-Mixta de Salto Grande (CTM), aunque desde la oposición rechazan los argumentos dados por el oficialismo.
A comienzos de octubre, el Parlamento había pedido “en forma inmediata el cese de todos los contratos que, en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020” y particularmente el “cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”. Esta resolución se dio luego de la interpelación de la ministra de Economía Azucena Arbeleche y del por entonces Canciller Francisco Bustillo.
Sin embargo, el diputado Viera afirmó que este pedido solo fue acatado por siete personas del total de 36. “La solución definitiva fueron sólo para siete, que son los renunciantes a ser empleados de CTM”, declaró el frenteamplista en rueda de prensa.
En los otros 16 casos, según afirma Viera, “hay algunos cambios de contratos que son a término, o están condicionados al cese unilateral de CTM; pero eso no es lo que el Parlamento pidió; el Parlamento pidió el cese de los 36”, reclamó el legislador por el MPP.
“Sabemos que el marco jurídico complejiza esa decisión, pero nos parece que es muy poco para la magnitud de la situación”, agregó.
Entre los que sí renunciaron, Paganini detallo que se encuentran el actual vicecanciller de la República, el doctor Nicolás Albertoni, y también el contador Martín Burutarán, actual presidente de la delegación Uruguay. Ambos renunciaron en noviembre y sus salidas fueron aceptadas por la CTM.
Burutarán renunció a su puesto presupuestado, aunque mantendrá su rol como director. La oposición reclama el cese de Burutarán también en este cargo, así como el del vicepresidente de la delegación Nicolás Irigoyen y del delegado Daniel Arcieri, es decir, de los tres representantes políticos ante CTM.
De acuerdo con Viera, el Canciller le dijo a los representantes que el Poder Ejecutivo “entiende que la responsabilidad política ya fue asumida por el anterior presidente”, Carlos Albisu, quien renunció a comienzos de setiembre luego de que saliera a la luz el caso.
“Hoy reiteramos que deben renunciar los tres representantes políticos, entre otras cosas porque en las últimas horas nos enteramos de que siguen tomando decisiones que incrementan el costo y hacen un mal uso de los recursos públicos”, denunció el diputado.
Y habló de la existencia de un “convenio” firmado por el sindicato, que, para la oposición es “una ley mordaza”.
“El convenio obliga al sindicato a no hablar del tema, a no hacer ninguna reivindicación a cambio de un aumento salarial único de 4% sobre el IPC, que ningún funcionario público ni privado del país lo tiene, y en año electoral, o sea que es un escándalo absoluto”, ponderó Viera.
“El ministro asumió que eso es un error y que el Poder Ejecutivo lo va a rever”, detalló.
“Entendemos en esa actitud del ministro un cambio rotundo de talante respecto al anterior ministro Bustillo. Por lo menos ahora hay alguien que se hace cargo con sinceridad de que el Poder Ejecutivo está en un problema”, concluyó Viera.
A partir de la exposición de Paganini, Viera dijo que se están realizando diferentes auditorías de gestión, en el organismo binacional y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos resultados estarían en los primeros meses del 2024.
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