La Cámara de Representantes trató un proyecto de ley por el cual se extienden las prohibiciones establecidas en la Constitución para los delegados designados para representar al Estado uruguayo en comisiones binacionales con Argentina y Brasil que reciben fondos públicos para su funcionamiento.

En síntesis, lo que la carta magna dispone es que quienes ocupen esos cargos no puedan “formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

Esto surge a raíz de la polémica generada por la contratación de 10 ediles en la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande por parte de la administración liderada por el referente de la Lista 404 en ese departamento, Carlos Albisu.

La fallida tratativa parlamentaria

El infructuoso proyecto de ley, presentado por el senador nacionalista Jorge Gandini y aprobado en el Senado, no fue aprobado en la Cámara de Representantes. Según contó Álvaro Viviano, diputado del sector Por La Patria (mismo que Gandini), a Montevideo Portal, acompañaron la moción el Frente Amplio, Cabildo Abierto, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido de la Gente, el Partido Independiente y cinco legisladores del Partido Nacional, mientras que el resto de ese partido y todos los diputados colorados se opusieron.

“Una de las cuestiones que traía implícita [la norma] es que aquellos integrantes de comisiones binacionales donde el Estado uruguayo ponga dinero pretenden ser candidatos a cargos electivos, como está previsto para los integrantes de entes autónomos y servicios descentralizados, tuvieran que renunciar un año antes. Esa situación ya no se puede dar porque ese proyecto se tendría que haber votado en determinadas fechas y ya no están las condiciones ni los plazos”, detalló Viviano.

En tal sentido, el diputado nacionalista indicó que la “razón principal” que esgrimieron quienes se opusieron a este proyecto era que “podía estar cambiando las reglas de juego” a los actuales representantes binacionales. “Se nos dijo que dicha situación podría llevar a una eventual inconstitucionalidad y demás, me parece que no es correcto lo que se expresó”, lamentó el legislador.

Sin embargo, no todo está perdido: Viviano expresó que esta iniciativa “sigue en pie” ya que hubo una intención de “reconsiderarlo” y que vuelva a comisión “para que siga vivo”.

La propuesta del Ejecutivo

Además de este proyecto, el presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros remitieron otro distinto, que pretende modificar el régimen de designación y cese de los delegados uruguayos en las comisiones binacionales, así como el establecimiento de la incompatibilidad de sus tareas con la realización de actividades políticas partidarias, y modificaciones en el contralor presupuestal.

“[La propuesta] del Ejecutivo tiene algunos interesantes aportes desde el punto de vista del control financiero que este no tenía. Este apuntaba, más que nada, a las limitaciones desde el punto de vista constitucional a los directores. el del PE, que tenía una perspectiva similar, avanza en controles, informa de efectuar la rendición de gastos que tiene que tener las condiciones”, comparó Viviano.

Los delegados en las comisiones “deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. “No se considerará incluida en estas prohibiciones la concurrencia de los mismos a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”, dice el articulado del proyecto propuesto por Lacalle Pou.

El camino por seguir

Así, el diputado señaló que la intención es unificar ambos proyectos —que se encuentran actualmente en distintas Cámaras— “para no sobreponer esfuerzos que van en una misma dirección”.

Dicho todo esto, Viviano lamentó que, en Diputados, se “perdió una muy buena oportunidad para mejorar la gestión de las comisiones binacionales, dotarlas de mayor transparencia y, sobre todo, mejorar la política”.

A su entender, el proyecto fallido daba “un pasito” en aras de “mayor transparencia en la gestión”.

De todas formas, el diputado nacionalista hizo énfasis en que su intención es ratificar este proyecto “antes de fin de año” para “darle un marco de mejor regularidad a la discrecionalidad con la que operan los directores de las binacionales”. Consultado respecto a cuál es la visión de sus homólogos, el legislador expresó que “para algunos puede ser poco, para otros insuficiente”, pero opinó que “para todos termina siendo un avance”, por lo que cree que “habrá acuerdos”.