El pasado viernes se produjo un punto de inflexión en la causa por la denominada Operación Océano, cuyas acciones judiciales llevan ya dos años.

Tal como informáramos, en esa ocasión el fiscal subrogante de Corte Juan Gómez presentó los principales resultados alcanzados en el marco de dicha causa, luego de que la fiscal de Delitos Sexuales Mariana Alfaro presentara la acusación de este proceso judicial.

En ese momento, el letrado detalló que veinte personas fueron "responsabilizadas" por esta operación. De esa cantidad, a su vez, nueve ya cuentan con una sentencia condenatoria por un proceso abreviado (que requirió que el imputado debiera reconocer los hechos) y las 11 restantes pasarán a juicios orales y públicos.

Allí “tendrán la posibilidad de esgrimir sus defensas ante un juez y estaremos todos atentos a la decisión del Poder Judicial”, dijo el fiscal de Corte en conferencia de prensa.

En tanto, para “aclarar” que lo afirmado es “la estricta verdad” —dijo Gómez—, en cinco de los nueve procesos abreviados las personas cumplen prisión efectiva “en algún caso”.

En las últimas horas, el noticiero Subrayado publicó en su página web algunos pormenores de cada uno de los once hombres que pasaran a juicio oral, así como de los delitos que se les achacan.

Posteriormente, el periodista Antonio Ladra, uno de los principales investigadores en la causa, publicó la misma información, pero con el agregado de los nombres y apellidos de los once imputados.

Veinte personas fueron responsabilizadas. Nueve de los acusados por la fiscalía llegaron a un acuerdo mediante un proceso abreviado que implica la admisión de culpa a cambio de la reducción de la pena. Trece de los acusados en primera instancia fueron sobreseídos.

— antonio ladra (@antonioladra) May 19, 2022

El primero de los imputados mencionados es un exjuez de menores de 70 años, de iniciales W.B. que en 2015 se contactó vía Tinder con una adolescente de 15 años, a quien sometió a prácticas sadomasoquistas, según sostiene la acusación.

“Le apretaba el cuerpo al punto de asfixiarla y le daba fustazos en los genitales así como en todo el cuerpo”, se lee en la documentación del caso. Este hombre usaba látigos, vibradores, fustas y juguetes sexuales. Con la víctima se vio durante 3 años y por cada encuentro le pagó 2.500 pesos. Una vez la pasó a buscar por la puerta del liceo. Asimismo, guardaba fotos de la menor participando de sexo grupal.

El segundo mencionado es el empresario argentino R.O. C., “...fundador del colegio St. Clare de Punta del Este”, según detalla Ladra. Este hombre  se contactó por páginas de citas con tres adolescentes. Una de ellas, de 17 años, le dijo que era mayor de edad. Otra de sus víctimas tenía 14 años y la otra 17.

Luego se refiere a L.G., “ex gerente general de Saman” que le pagaba a una adolescente de 16 años a cambio de sexo. En ningún momento le pidió la cédula.

A continuación señala a A.I., patrón de pesca, quien se veía con una adolescente de 17 años en hoteles de alta rotatividad. Según Subrayado, este hombre tiene 60 años y pagaba 4.000 pesos a la menor, y también contactó a otras a través de webs de citas.

Posteriormente se hace referencia M.L., abogado de 59 años, quien creó en WhatsApp un grupo llamado “El tío y las sobrinitas”. Se hacía llamar “el tío” y con las menores practicaba sexo grupal. Usó Tinder y Badoo para contactarse con otras menores.

Acto seguido se hace mención a N.O.  docente y exdiputado suplente del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que fuer luego expulsado de su sector: estuvo con dos menores a quienes les dijo que no tenía plata y les pagó con cristales de droga.

Otro de los imputados es J.P.S un empresario agropecuario que en aplicaciones de citas se presentaba como “señor buena onda”. Este hombre de 52 años, al que Ladra denomina “play boy argentino”,  tuvo a una adolescente de 16 en su casa de Ciudad Vieja durante tres días manteniendo relaciones sexuales a cambio de techo, baño y comida. En otro de los encuentros, le pagó a la víctima con un puñado de monedas que tenía en su casa.

Luego se menciona a J.M.P de la C., arquitecto de 64 años, quien trataba de “putita” a una de las víctimas y le pagaba 200 dólares por encuentro.

La lista prosigue con A.P.,empresario de 58 años, quien en una ocasión quiso estar con dos de las víctimas a la vez y  se encontró con ellas en un shopping, las invitó a un hotel pero ellas no quisieron y él les respondió que “para compañía ya tenía a sus amigos” y les dio 2.000 pesos a cada una. Con otras víctimas sí mantuvo relaciones sexuales, pagando 5.000 pesos.

También se nombra a R.S., empresario de 63 años, quien se contactó con una adolescente de 16 años por WhatsApp en 2019. Le dijo que “buscaba una bebita para cuidar” se vieron, él tomó mucho alcohol y “la humilló”. En ningún momento le pidió cédula.

La lista se cierra con M.S., fotógrafo, fotógrafo que se contactó con la víctima de 13 años por Instagram y Whatsapp. Mantuvieron relaciones frente a un tercero. El imputado subió foto de la adolescente en posiciones sexuales y sin ropa a redes sociales. Le preguntó varias veces si tenía 18 años y ella dijo que sí cuando de su aspecto se desprendía que era notoriamente menor, agrega la fiscal.

En su cuenta de Twitter, Ladra recordó que en el comienzo de la causa, todos los arriba mencionados “se presentaron como víctimas”, y que desde que comenzó la investigación hasta ahora “se dijeron muchas cosas: que la fiscal Darviña Viera, quien inició la causa y su colega Alfaro, que la culminó, usaron pruebas fraguadas, que se mintió y manipuló”.

“Todos ellos, los 11, dijeron en algún momento que fueron víctimas de una patraña, una mentira. Ahora van a juicio y allí, en el estrado, ¿volverán a repetir que fueron engañados?”, se preguntó.