El Sindicato Médico del Uruguay emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación ante las escandalosas cifras de violencia y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes acaecidas en 2022” y rechazó los cambios legales propuestos en el proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza, que se someterá a votación en el pleno de Diputados el próximo martes 11 de abril.
“Estos cambios ponen en riesgo la salud, el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y generan mayor desprotección a las infancias. Innovar en esta materia no es la solución para esta realizada tan acuciante, más aún cuando ya existe una ley de tenencia compartida”, señaló el SMU.
El sindicado de profesionales médicos reclamó en esta línea dar “mayores recursos al Poder Judicial para que los casos se resuelvan con mayor celeridad y así proteger y generar las mejores condiciones para asegurar el respeto a la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
“El SMU desea expresar su apoyo a la campaña que están llevando diversas organizaciones que trabajan en la temática, exigiendo al Estado y a la ciudadanía en general ‘el compromiso para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos”, expresó el SMU.
Con esta declaración, el sindicato se suma al rechazo que han señalado sobre el proyecto de ley (en particular del artículo cuarto) la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Unicef y varios colectivos sociales.
El artículo cuarto del proyecto de ley establece una modificación en el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referido al régimen de tenencia.
Para la Inddhh y Unicef, en la redacción del artículo se prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño.
“En el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. El juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. En tal caso, dicha suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica”, señala dicho artículo en su inciso segundo.
Por su parte, en el tercero se agrega que “en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente”
“De considerarse necesario, en las modalidades que garanticen el interés superior de éstos, como ser a título enunciativo: que las visitas sean en lugares públicos, en presencia de familiares del niño o adolescente, en reparticiones estatales adecuadas, o de cualquier otra forma que a criterio del juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, y disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario", se añade en el artículo.
Según un comunicado divulgado este martes por dichas organizaciones, en 2022 hubo 7.035 niños, niñas y adolescentes que estuvieron en situación de maltrato y abuso sexual, 529 de explotación sexual y ocho niños fueron asesinados por parte de padres o parejas de la madre.
Cambios legales ponen en riesgo la salud y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
— Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) April 6, 2023
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