El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, señaló ayer que el Estado pagará salarios y jubilaciones y no se desatenderá la salud y la alimentación. Sin embargo, aseguró que el pago a proveedores estatales dependerá de lo que recaude el gobierno.
El Estado uruguayo entró en una etapa de cesación de pagos a sus proveedores. Si no se produce, no se recauda y hasta el propio ministro Atchugarry solamente se atrevió a asegurar que se pagarán salarios y jubilaciones, pero no pudo confirmar que se pueda cumplir con el resto da las obligaciones, en definitiva, todo está en función de lo que se pueda producir y por ende recaudar.
Como dato adicional y demostrativo, la Cancillería no ha girado aún al exterior los fondos para pagar alquileres y gastos de representación.
Atchugarry compareció en la víspera ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, en el marco del análisis del proyecto de ley de reactivación de sectores productivos y concreción de proyecto de inversión, el cual ya fue aprobado en la rama alta parlamentaria.
En la propuesta que, en el Senado contó con el respaldo de la coalición de gobierno y Asamblea Uruguay, se incluye la licitación de los servicios del Aeropuerto Internacional de Carrasco, incentivos para la industria de la construcción, refinanciación de aportes al Banco de Previsión Social y la concesión de obra pública.
El secretario de Estado adelantó que en los próximos días remitirá, al margen de la propuesta de reactivación, un proyecto de ley al Parlamento a través del cual plantea sustituir parte del Imesi a los combustibles por el IVA, con lo cual podrían descontar dicho impuesto las empresas transportistas.
Por otro lado, resaltó que debido a las dificultades de pago que están teniendo los contribuyentes, la iniciativa de reactivación incluye facilidades "generosas para los tributos que vencieron en junio tanto del Banco de Previsión Social (BPC) como de la Dirección General Impositiva (DGI)".
"Ante dicha dificultad, el Estado ha cobrado menos de lo que esperaba, Sin embargo, vamos a cumplir puntualmente con los sueldos y jubilaciones pese a que Contaduría tuvo que hacer frente a pagos especiales, como las dos cuotas del medio aguinaldo que no se pagó en junio, ese esfuerzo adicional de pagar entre los dos meses un 50 por ciento más de salarios, más la baja de la recaudación a veces retrasa las partidas", agregó Atchugarry.
Según el ministro, si bien en principio habrá "mucha prudencia" en liberar los pagos, durante setiembre se acompasará la liberación de otro tipo de pagos, que no sea jubilaciones y salarios, en función de cómo le vaya al Estado con "la cobranza".
"Es prematuro decir que en setiembre no se va a pagar, y también lo es decir que va a ser normal la cobranza.
Seguramente, el pago no va a ser normal va a haber restricciones en los giros de Contaduría y trataremos de que sean los menos posibles en función de que nos vaya bien en la recaudación. Si cobramos más habrá menos restricciones y si cobramos menos habrá más restricciones, pero siempre salarios y jubilaciones lo pagamos", resaltó.
En cuanto a las partidas para gastos de funcionamiento de organismos como el Hospital Militar, INDA o Iname "se estará atento" a la situación ya que la atención y cobertura social son prioridades".
En otro orden, explicó que la refinanciación que se propone en la iniciativa es "para todos los contribuyentes del BPS con adeudos generados hasta el 30 de junio, para quienes se brindan hasta 72 cuotas cambiando las multas y recargos por una ajuste por Unidad Reajustable más 2 por ciento anual. Asimismo, por primera vez, se incluye a la DGI donde manteniendo las 36 cuotas se cambian las multas y recargos por ajuste de Indice de Precios al Consumo.
Reforma de la DGI
Durante la discusión de la iniciativa en Comisión, Atchugarry aseguró que "la imaginación fiscal está agotada", refiriéndose a que es imposible fijar nuevos impuestos.
En ese sentido, y sobre el proyecto de reforma de la DGI resaltó --luego de la reunión--, que "no hay 12 millones de dólares anuales de nuevos impuestos", cifra que requería dicha iniciativa, por lo cual "quedará para otra oportunidad porque el país necesita una DGI motivada, con reglas de juego claras y que considere al contribuyente como su socio".
"A los buenos socios se los atenderá, a quienes tengan problemas se les otorgarán facilidades, y para los malos socios habrá algunos inspectores más en la calle", destacó.
En cuanto a las afirmaciones que realizó el contador Juan Carlos Protasi, ex presidente del Banco Central del Uruguay, referidas a que el déficit del sector público se situaría este año en el entorno del 16 por ciento, el ministro respondió que estaba "hablando de cálculos diferentes".
"El déficit previsto del sector público, aún de acuerdo con la carta Intención con el Fondo Monetario Internacional, está previsto en un 4 por ciento del Producto Bruto Interno, creo que Protasi, en su estimación, esta mezclando otras cosas, como por ejemplo, la asistencia que en el pasado se dio a los bancos cosa que el país ha hecho en más de una oportunidad y nunca lo sumó al déficit público", puntualizó.
En tanto, la diputada Silvana Charlone (Espacio 90) y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados señaló que en el proyecto de reactivación hay una serie de artículos que el Encuentro Progresista-Frente Amplio votará y que se refieren a rebajas tributarias para el sector de la construcción, facilidades de pago de tributo de BPS y DGI". Aunque el sector discrepa con temas neurálgicos como la megaconcesión y concesión del Aeropuerto de Carrasco.
Resaltó que "la población no tiene capacidad contributiva para poder afrontar el pago de nuevos peajes", y planteó que si de los mismos se hiciera cargo el Estado, pero con un costo más reducido, "se evitaría el lucro para un particular".
Charlone consideró que "de alguna manera se trata de un nuevo impuesto, ya que se va a pagar el mantenimiento de las rutas con una nueva contribución que son los peajes".
La legisladora expresó preocupación por el hecho de que en el Ministerio "estaría comprometido el pago del presupuesto, porque se dice que se van a pagar sueldos, jubilaciones se atenderá la salud y la alimentación, y en la medida que se pueda se pagará a proveedores del Estado, lo cual está dando una señal compleja acerca de cuál es el estado de las cuentas públicas".
Si bien la intención de la coalición de izquierda es aprobar la iniciativa tal cual la sancionó el Senado días pasados, el EP-FA tratará de insistir con los planteos referidos a la creación de una comisión que atienda el endeudamiento interno, la adecuación salarial de acuerdo con el IPC para funcionarios públicos, y fijar los precios de la canasta básica.
Por su lado, el diputado Ruben Díaz (Foro Batllista) resaltó que solicitó a la cartera ministerial que determinadas empresas proveedoras del Estado puedan compensar pagos al BPS y DGI contra certificados de deuda por servicios o suministros por parte del Estado.
El miércoles prosigue el análisis en particular del proyecto de reactivación en Comisión y se estaría aprobando en el plenario entre martes y miércoles de la semana entrante.
