SCJ pedirá aplazar la creación de juzgados de género por falta de tiempo para refacciones

La expresidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, envió a principio del 2021 una carta al presidente Luis Lacalle Pou, firmada también por los otros cuatro ministros de la corporación, en la que le advirtió que no será posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país en el mes de julio, como se había acordado en el Presupuesto Nacional.

La decisión de la SCJ generó críticas en los diferentes partidos políticos y llevó a que la Bancada Bicameral Femenina -con el apoyo de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la directora de InMujeres del Mides, Mónica Bottero- le solicitara una reunión al hoy presidente de la SCJ, Tabaré Sosa. Tras la reunión, Argimón escribió en su cuenta de Twitter que "es voluntad del Poder Judicial la instalación de los juzgados especializados en violencia doméstica en el interior" y que el Poder Judicial "está trabajando en el tema".

Las autoridades se comprometieron en dicho momento a realizar los esfuerzos necesarios para implementar los tres juzgados para julio. Sin embargo, este martes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) John Pérez aseguró que la creación de los Juzgados Letrados Especializados en Violencia de Género "no" estará disponible para esa fecha porque, según dijo el jerarca, "no hay tiempo material" para crearlos.

"Había buena voluntad del sistema político para conseguir locales, pero todavía no se han conseguido, y conseguir dinero, pero todavía está todo en vías de conseguir apoyos. Se necesita toda una infraestructura que evidentemente no hay. Solventar todos esos gastos es muy difícil", dijo el ministro Pérez en declaraciones a Tv Ciudad.

Montevideo Portal dialogó con Bottero para consultarle sobre estos dichos. La jerarca dijo que se está trabajando en el proceso de creación de los juzgados desde el mes de enero y que ya hay dos sedes a disposición. Sin embargo, las instalaciones necesitan refacciones y una serie de arreglos "que van a hacer que en julio no se van a poner en marcha los juzgados".

"Ya acordamos con la Suprema Corte de Justicia que, probablemente, haya que pedir algún mes más para que se termine de hacer", aseguró.

"Estos juzgados requieren algunas condiciones en su arquitectura. Por ejemplo, las partes tienen que estar por separado, deben tener carcelaje, una entrada de garaje para la Policía y un espacio para niños tipo guardería (entre otras cosas). Tienen una serie de requerimientos que hacen que cualquier local que se consiga se tiene que refaccionar. Además, se tuvo que negociar con otros organismos para que se dieran las sedes", agregó. 

"Nosotros estamos apoyando todo eso. Lo que pasa es que evidentemente de aquí a julio no va a ser fácil instalarlos, pero están tanto con Economía como con las intendencias se está trabajando, apretando el acelerador lo más que se pueda. El proceso está en marcha", finalizó. 

¿Qué dicen desde la Intersocial Feminista?

Por su parte, la integrante de la Intersocial Feminista de Uruguay Andrea Tuana se refirió a los dichos del jerarca de la SCJ y aseguró que es una "vergüenza que se siga postergando a las mujeres".

"Hay muchas declaraciones de intenciones, pero, en el momento en donde las cosas se tienen que generar, siempre hay una barrera que no permite que se priorice la vida de las mujeres", aseguró en una entrevista a radio El Espectador.

Tuana indicó que es "inentendible" que no haya un "compromiso real" del sistema político para que la ley se lleve a cabo. "Hubo muchos escollos y problemas para que esta ley se vote, es una ley muy buena que cuenta con el amplio respaldo de muchas personas que venimos militando, con el respaldo de la institucionalidad y no se implementa. Es inexplicable para nosotras y nos parece inaceptable", opinó.

La militante por los derechos humanos de las mujeres indicó que pedirán explicaciones sobre estas declaraciones y que continuarán manifestándose para que la ley se implemente.

"A partir de esto, vamos a pedir las explicaciones del caso y luego trabajar en la exigibilidad como se ha hecho desde hace muchos años. Lo que realmente nos resulta indignante es que cada vez que pedimos explicaciones se nos contesta de que hay voluntad y se nos dice que se va a hacer en tal momento. Luego llega ese momento y no se hace. Entonces hay una sensación de que no se nos está tomando en serio a las mujeres que defendemos los derechos humanos y eso para un país democrático es muy grave", afirmó.

Con respecto a los temas presupuestales, Tuana sostuvo que ese problema depende de la "voluntad política que cada gobierno quiera priorizar" y que no es un tema de que "haya o no dinero", sino que "cuál es la voluntad política y dónde se quiera volcar el dinero". "El problema no es el dinero, es la voluntad política", reafirmó.

"Acá lo que necesitamos es que se le de prioridad al tema y se le dé los recursos. Cuando se le da prioridad, los recursos están. Hay que dar los recursos, los locales tienen que ser adecuados porque no se pueden cruzar los victimarios con las víctimas, tiene que haber lugares porque las denuncias son enormes, son miles de casos y realmente hay que exigir lo que corresponde para esto", añadió.

"Por eso me parece que lo que acá hay es una falta de priorización en los temas que afectan a la mitad del Uruguay. No estoy hablando solo de femicidios, sino que estamos hablando de las 40 mil denuncias que hay por año. Es gravísimo que se nos responda de esta manera cuando sabemos que el gobierno cuando le interesa o le parece importante actúa rápidamente, deriva recursos y busca lo que es necesario para responder. En esto no está pasando. No es cierto que exista voluntad política. El tema sigue siendo de segunda, no interesa y para nosotras es inaceptable", concluyó.