La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló de forma unánime a favor de Ancap en un reclamo que la estatal hizo por la inconstitucionalidad de la Tasa de Inflamables por la circulación de combustibles que le cobra la Intendencia de Montevideo (IM), informó El Observador.
El fallo de la SCJ, a la que tuvo acceso Montevideo Portal, sentencia que: “Acógese la demanda de inconstitucionalidad promovida por la vía de acción y, en su mérito, declárase inconstitucional y, por ende, inaplicable a la actora la norma cuestionada, con los efectos temporales desde la configuración de la lesión jurídica. Comuníquese al gobierno departamental lo aquí resuelto”.
Según informó El Observador, el directorio de Ancap había encomendado a Ducsa (distribuidora de combustibles y lubricantes de Ancap) que iniciara acciones de inconstitucionalidad porque desde la empresa estatal se consideraba que la IM cobra un impuesto, cuando desde la comuna departamental sostenían que se trata de una tasa.
Los representantes legales de Ancap señalaron en su alegato que “el tributo creado por la norma cuestionada es un impuesto y no una tasa”, ya que “no se verifican, en el caso, respecto del tributo creado, las notas características o esenciales de las tasas”.
“El requisito de la prestación efectiva del servicio surge textualmente del art. 297 núm. 5º, el cual permite a los gobiernos departamentales cobrar tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el gobierno departamental. Es imprescindible que el servicio se preste efectivamente, no alcanza con que aquel pueda ser prestado en algún momento o que no se preste realmente en los términos en los que fue creado”, argumentaron los representantes de Ancap.
Ancap pagaba aproximadamente US$ 12 millones al año a la IM por dicha tasa, según informó anteriormente el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic.
Según supo Montevideo Portal, desde 2016 fueron alrededor de unos US$ 100 millones los que pagó Ancap a la IM por concepto de Tasa de Inflamables. En 2022, fueron US$ 15 millones, y este año la empresa estimaba que serían US$ 12 millones.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el pasado 29 de setiembre por representantes del estudio jurídico Brum Costa.
La SCJ resolvió finalmente por el voto unánime de sus miembros, pero por distintos argumentos, que se ampara la inconstitucionalidad promovida respecto del artículo 80 del decreto departamental de Montevideo N° 13.490.
El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo a Montevideo Portal que el fallo es “histórico” y que los US$ 100 millones pagados desde 2016 por dicha tasa fue dinero que “pagó la gente” en el precio de los combustibles.