Una resolución por mayoría de la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Banco República (BROU) en el diferendo que mantenía la institución con el empresario Juan Carlos López Mena, desde la fracasada subasta de los siete aviones CRJ 900 Bombardier de Pluna.

La sentencia no puede ser recurrida.

Según informó El País este miércoles, al tratarse de una sentencia firme no se pueden interponer otros recursos judiciales y se deberá volver al acuerdo original entre las partes, que implica que López Mena pagué US$ 7 millones que le restan del aval.

El presidente del BROU, Salvador Ferrer, dijo a ese medio que la institución "va a reclamar el pago", "ya que tiene un crédito a favor por ese monto".

En marzo de 2020 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil había condenado al BROU a pagar US$ 10 millones al empresario, pero desde la institución financiera se entendió que había argumentos suficientes para presentar una casación ante la SCJ.

La SCJ entendió que la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley que creó el fideicomiso para rematar los aviones de Pluna no anulaba la subasta, como habían sostenido las sentencias judiciales previas.

López Mena, que llevaba pago buena parte del aval de US$ 13,6 millones, había demandado al BROU y solicitó la devolución de lo que había pagado.

En febrero de 2019 el juez Civil de 20º Turno Guzmán López Montemurro había amparado la demanda del empresario, señalando que no correspondía pagar el saldo restante y que el banco debía devolver a López Mena el dinero que ya había pagado.

El conflicto entre López Mena y el BROU viene desde 2012, cuando durante el gobierno de José Mujica se intentaron vender los aviones de la aerolínea que había cerrado meses antes.

La aerolínea española Cosmo fue la única que se presentó como interesada al remata, pero para hacerlo, debía contar con un aval de una institución financiera uruguaya.

López Mena gestionó ese aval ante el BROU y Cosmo fue el 1º de octubre de 2012 el único oferente en el remate.

Sin embargo, la empresa que era representada por Hernán Antonio Calvo Sánchez (que había trabajado con López Mena), no tenía fondos para costear los aviones, por lo que el banco estatal debió abonar posteriormente el aval por US$ 14 millones al fideicomiso que tenía las aeronaves y reclamar posteriormente a la aseguradora argentina Boston (que era la que garantizaba el aval solicitado por Cosmo) el pago.