Ante la reacción que generó este domingo en gran parte de los principales actores políticos tanto del oficialismo como de la oposición, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suspender el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país.

En un comunicado emitido este lunes, se expresó que la Acordada 8119 "de reorganización de comunidades geográficas" tenía como finalidad "optimizar los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes".

Sin embargo, la decisión de dejar en suspenso la medida se justificó a raíz de "la existencia de posturas publicitadas por diferentes actores institucionales que dan mérito al interés del Poder Judicial de abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales".

Según la SCJ, la motivación de la decisión respondió a "el déficit presupuestal" generado a ese poder del Estado desde 2005, "que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros)".

En esta línea, se argumentó que las sedes que se consideró dejen de funcionar poseen "baja carga de trabajo jurisdiccional" y algunas de sus funciones se traspasaran al Registro de Estado civil dependiente del Ministerio de Educación y Cultura a partir de enero de 2022.

Se agregó además que los costos operativos de esos 20 juzgados de paz ascienden en la actualidad a $ 12.368.571 anuales (US$ 290.000 aproximadamente), sin considerar salarios.

Este domingo varios legisladores expresaron que citarían al Parlamento al presidente (Tabaré Sosa Aguirre) y a los ministros de la SCJ para dieran las explicaciones por la decisión adoptada.

También se manifestaron desde el Colegio de Abogados del Uruguay, pidiendo una reunión urgente con las autoridades de la SCJ.

La institución aseguró que la medida anunciada iba a producir "un fuerte impacto en el ejercicio de la profesión y en el acceso a la Justicia".