Este martes se dio a conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones de Sexto Turno que revocó la resolución en primera instancia del juez subrogante (de feria) en lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey, e hizo que se retomara la vacunación en menores de 13 años.
En la página 27 del mencionado documento, la ministra redactora Marta Gómez Haedo Alonso hizo referencia a las “irregularidades” que denunciaron Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el magistrado: una falta de imparcialidad (lo cual motivó su recusación), la violación del principio de igualdad, aclaraciones solicitadas en la audiencia o la sustitución de falencias de la demanda presentada por Maximiliano Dentone.
Cuando el MSP, al inicio del proceso judicial, planteó la recusación (cambio de juez), Recarey pidió que se aclarara “con total precisión cuáles serían las causales” y los representantes de la cartera de Salud Pública manifestaron que la causal era “prejuzgamiento y dar opinión previa”.
El Tribunal de Apelaciones entendió que estas denuncias “no causaron perjuicios”, dado que tanto Presidencia como el MSP lograron ejercer su defensa y su derecho a recurrir. Sin embargo, se dispuso la elevación del testimonio de todo lo actuado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “a los efectos que pudieran corresponder”.
¿Qué significa este último punto? Según informó el diario El País y confirmó Montevideo Portal con el abogado y docente Juan Ceretta, esto implica que la SCJ (máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial) analizará si Recarey incurrió en alguna irregularidad o falta en el proceso.
Ceretta explicó que el Tribunal de Apelaciones está “limitado a analizar aquellos errores o desviaciones” que generaron perjuicio al apelante, pero no las que no lo hicieron. Por ejemplo, si esas “irregularidades” denunciadas por los demandados les hubiesen impedido defenderse, ahí el tribunal podría actuar porque lo habría perjudicado, dado que está en el marco de la apelación.
Tal como se desarrolla en la sentencia, esto no ocurrió. No obstante, la SCJ sí puede analizar esas denuncias que no generaron perjuicio a Presidencia y al MSP porque están en el marco de los controles administrativos de los funcionarios bajo su jerarquía. “Los jueces también están sometidos a su jerarca por su desempeño”, explicó el abogado.
Finalmente, Ceretta reafirmó que el análisis que hará la Corte será desde el punto de vista disciplinario.
Una denuncia desde el legislativo
El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó a mediados de julio en la Cámara de Representantes un pedido de informes dirigido a la SCJ, con el fin de informarse acerca de si el organismo tenía previsto iniciar una investigación administrativa sobre el accionar del juez luego del fallo de vacunas.
“Ante hechos y actos de pública notoriedad con potencial perjuicio para el interés público o descrédito para la administración de la Justicia, se solicita a la Suprema Corte de Justicia informe si se ha dispuesto o tiene previsto instruir una investigación administrativa tendiente a la averiguación de la verdad, con el propósito de descartar o verificar la ocurrencia de actos irregulares o ilícitos”, planteó Schipani.
El legislador colorado señaló que el Poder Ejecutivo denunció “prejuzgamiento y ausencia de imparcialidad” del magistrado y que la medida provisional de suspensión de la campaña de vacunación era “excesiva”.
En esta línea, Schipani manifestó que “hay elementos” para iniciar la investigación administrativa, en parte debido a que “hay opiniones en el pasado de Recarey en contra de las vacunas y de los contratos que suscribió el gobierno con los laboratorios”.
“Cuestionó las disposiciones sanitarias que en el marco de la pandemia había dispuesto el gobierno. Cuestionó el rol de la ciencia. El magistrado tenía una opinión formada sobre estos temas y debería haberse abstenido de participar”, opinó el dirigente colorado.
En diálogo con Montevideo Portal, el legislador dijo que le contestaron “rápidamente” desde la Corte y que en esa instancia le dijeron que “no había ninguna investigación iniciada”. Sin embargo, aclaró que la respuesta de la SCJ fue anterior al fallo del Tribunal de Apelaciones del pasado martes.