Riesgos “extremos”: ¿qué dice auditoría del MEF sobre situación de residenciales?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una auditoría sobre los establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem), gestionados por el Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Así, el objetivo era, precisamente, evaluar la gestión de los residenciales en el país “para el cumplimiento de sus competencias, de modo de garantizar los derechos” de esta población.

El informe encontró riesgos “extremos” en cuatro de cinco categorías evaluadas; en la restante, a su vez, el riesgo fue categorizado como “alto”.

La auditoría se realizó entre enero de 2023 y mayo de 2024, es decir, antes de los dos casos de incendios en residenciales —uno en Treinta y Tres y otro en Salinas— que ocurrieron con días de diferencia entre sí, en julio del año pasado.

Principales hallazgos

De esta manera, la publicación concluye que la gestión realizada por Inmayores sobre los Elepem —tanto como “organismo regulador y fiscalizador” en materia social, así como “rector de políticas públicas en envejecimiento y vejez”— “no cuenta con la articulación interinstitucional necesaria para el cumplimiento adecuado de sus cometidos”.

“Asimismo, se evidenciaron debilidades que limitan el cumplimiento de sus competencias”, manifiesta el informe de la auditoría.

En tal sentido, el MEF elaboró un listado de los principales fundamentos en los que se basó para llegar a ese juicio:

• No se cuenta con un Plan Nacional de Promoción (de acuerdo con la cartera, el último corresponde al período 2016-2019).

• Hay un “descenso de la frecuencia” de las reuniones del Consejo Consultivo, además de una “falta de evidencia” de lo resuelto en cada instancia.

• “Se constataron cargos estratégicos acéfalos, limitando la implementación de un adecuado ambiente de control”.

• Existe una ausencia de una planificación a nivel institucional y en la División Regulación.

• No se cuenta con una estructura operativa “que permita atender las fiscalizaciones a nivel nacional”.

• No se han implementado acciones “a los efectos de que los establecimientos clandestinos regularicen su situación y puedan iniciar el trámite de habilitación”.

• No se cuenta con un criterio que establezca las condiciones para la revocación del Certificado Social.

• Por último, los registros utilizados para la gestión de la División Regulación “no brindan información íntegra, confiable y oportuna”.

En detalle

La auditoría terminó con cinco hallazgos, clasificados en categorías diferentes: Competencias del organismo, Fiscalizaciones, Certificación social, Registros, y Estructura organizativa (asignación de autoridad y responsabilidad).

Cada uno de ellos fue evaluado en una escala de riesgos: bajo, medio, alto y extremo.

De los cinco hallazgos identificados solo uno fue catalogado de riesgo alto (Certificación social); los cuatro restantes fueron categorizados con riesgo extremo.

Entre los puntos más destacados de cada hallazgo está que se vulneran los derechos de las personas mayores y que existe un uso “ineficiente” de los recursos (bajo el hallazgo Competencias del organismo). También llega a figurar la pérdida de vidas humanas o incluso que no se detecten irregularidades “por ausencia de controles” (Fiscalizaciones).

La auditoría del MEF también tildó de riesgo que exista un “daño a la imagen institucional” (Registros) o que haya una “ineficiencia en la gestión” (Estructura organizativa).

Para cada uno de estos hallazgos, el informe realiza una serie de recomendaciones a seguir.

Finalmente, a modo estadístico, la publicación establece que en 2023 había 1.481 residenciales en funcionamiento. De esa cantidad, 298 tenían el certificado social vigente, mientras que 158 lo tenían en trámite; los 1.025 Elepem restantes no contaban con esa documentación vigente.

A su vez, durante 2023 se realizaron un total de 407 fiscalizaciones y hubo 133 denuncias a Elepem recepcionadas, indica la auditoría.

Por último, se indica que el presupuesto de Inmayores para 2023 fue de $ 5,3 millones, mientras que en 2024 ese monto disminuyó a $ 4,5 millones.

El informe completo, disponible en la página web del Ministerio de Economía, se puede leer a continuación:

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