El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para darle al Casmu una garantía de US$ 56 millones, además de decidir una intervención sin desplazamiento de autoridades.

“La institución presenta riesgo de liquidez a partir de julio de 2024, encontrándose cedida el 57% de la recaudación Fonasa, así como importantes porcentajes de sus restantes fuentes de ingresos con excepción de los provenientes de ventas de servicios de la Administración de Servicios de Salud del Estado”, indica el documento.

En el proyecto enviado por el gobierno se afirma que la mutualista “atraviesa un proceso de pérdida de usuarios que no ha logrado revertir”. “Al año 2015 contaba con 208.743 afiliados, cifra que disminuye anualmente desde hace una década, habiendo únicamente en los últimos tres años perdido 8.091 afiliados”, agrega el texto.

Producto de la situación complicada, en 2010 el Casmu accedió en cinco oportunidades al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica (Fondo de Garantía IAMC).

“La situación económica-financiera que atraviesa Casmu lo expone al incumplimiento de las obligaciones asumidas con sus proveedores, implicando ello, además, un riesgo asistencial en la medida que como prestador de salud se viera limitado a contar los insumos y servicios necesarios para cobertura a su masa de afiliados”, indica el texto.