Una de las ideas propuestas en Montevideo Decide que recibió los votos necesarios para pasar a estudio de viabilidad y que finalmente no se llevará a cabo es la de subsidiar los boletos de ómnibus a estudiantes de universidades privadas.

La propuesta, que llevaba por nombre oficial "Boletera para estudiantes de las universidades privadas", solicitaba la existencia de "un abono en las boleteras STM" para los alumnos de estos institutos, tal como el que existe para los estudiantes del sistema público.

"Asistir a una universidad privada no significa necesariamente que los alumnos dispongamos de más dinero, de hecho, hay cientos de alumnos becados en las universidades privadas. Es por eso que propongo que la boletera a la cual acceden los estudiantes de universidades públicas también sea válida para estudiantes de universidades privadas", manifestaba la propuesta.

La respuesta de la comuna, que finalmente no abrió el camino a este debate, es bastante extensa y se basa principalmente en cuestiones económicas y en lo que podría denominarse como justicia social.

En primer lugar, la comuna abrió el capítulo "consideraciones generales", en el que detalla las tres categorías de beneficiarios para acceder al subsidio de boletos para estudiantes, definidas según la institución donde estudia el beneficiario y su edad.

Allí se aclara que los estudiantes de educación superior en instituciones privadas con beca total, de cualquier edad, acceden al beneficio del descuento de un 30% en el boleto. Asimismo, los estudiantes de educación superior en instituciones privadas de cualquier edad que no cuentan con beca total no acceden a beneficios en ninguna de las categorías.

A continuación, la comuna señaló las "consideraciones particulares de la propuesta" en las que rechaza la idea alegando altos costos y otros motivos.

Básicamente, se propone que los estudiantes de universidades privadas accedan a un beneficio análogo al de los estudiantes de la Universidad de la República (UdelaR), el cual implica que estudiantes menores a 30 años accedan a boletos en categoría A y mayores a 31 años accedan a boletos en categoría B.

"En primer lugar, se procedió a la cuantificación del costo asociado a la iniciativa presentada. Se asumen dos escenarios posibles: 1) los estudiantes de educación superior privada utilizan 40 boletos al mes, asumiendo un viaje de ida y un viaje de vuelta diario al centro de estudio; 2) los estudiantes de educación superior privada se comportan de igual forma a los estudiantes de educación superior pública, los cuales en promedio utilizan 26,2 viajes al mes", señala el escrito.

La comuna presentó un cálculo de los gastos que esto implicaría y se estableció el costo económico que se asume en el escenario 1 es de $ 101 millones anuales, mientras que en el escenario 2 sería de $ 66 millones anuales.

Sin embargo, el estudio no quedó ahí, ya que también se estudió el perfil socioeconómico de los potenciales beneficiarios.

"Los quintiles de ingreso nos permiten dividir en cinco partes iguales a la población, siendo el quintil 1 el de ingresos 'bajos' y el quintil 5 el de ingresos 'altos', según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE)", marca la respuesta de la IM.

"Del total de los estudiantes de la educación superior en instituciones privadas solo el 3 % pertenece al quintil 1, es decir al 20 % de la población con menores ingresos, mientras que en educación superior en instituciones públicas se alcanza el 9,3 % del mismo quintil", continúa.

"La distribución por quintiles de ingreso, diferenciada por subgrupo, nos permite observar que la concentración de estudiantes es mayor en los ingresos más altos (quintil 5) para la educación superior privada, donde la concentración asciende el 67,6 % de los estudiantes, a diferencia de la educación superior pública, donde la concentración en el último quintil es del 28,9 %", añade.

Tras este breve análisis, la comuna emitió sus "comentarios finales" en la respuesta, donde señala que "la propuesta presentada implica generar un gasto de al menos $ 66 millones" y, por otro lado, que "el perfil socioeconómico de los beneficiarios aparece concentrado en más de un 80 % en los quintiles 4 y 5".

En este sentido, la comuna expresó: "La existencia de subsidios en el transporte se justifica para contribuir al ejercicio de los derechos de los jóvenes a obtener educación, existiendo situaciones en las cuales el costo del boleto se puede erigir en un obstáculo para ejercer dichos derechos".

"Tomar decisiones de gasto público implica considerar cuáles serían los beneficios y los beneficiarios de aplicar dichos recursos a esa finalidad y no a otra. El gasto público tiene por finalidad, entre otras, asegurar el ejercicio de derechos, así como ser un instrumento para contribuir a la equidad. Una propuesta como la presentada no aparece como prioritaria en materia de gasto desde esa perspectiva", concluye la respuesta.