Responsable de Grupo Larrarte irá a prisión preventiva mientras se lo investiga por estafa

Jairo Larrarte, responsable de la empresa de negocios ganaderos Grupo Larrarte, que fue la primera en recibir denuncias y la que precedió a la caída de República Ganadera y Conexión Ganadera, fue imputado como presunto autor de un delito continuado de estafa, un delito de apropiación indebida y un delito de libramiento de cheques sin fondo en régimen de reiteración real.

La Justicia hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, quien había solicitado en una audiencia celebrada a partir de las 10:00 de la mañana de este miércoles la formalización de la investigación con respecto a Larrarte con la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días.

Machado sustentó su pedido fundamentalmente en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación del imputado. En cambio, la defensa del empresario pidió la prisión domiciliaria total con tobillera. La jueza del caso hizo lugar a la medida solicitada por Fiscalía.

En una de las audiencias del caso, celebrada en febrero, Larrarte declaró que, por decisión suya, se volcó parte del capital de los inversores “a la producción ganadera y no a animales puntuales”.

En diálogo con el diario El País en el mes de marzo, el abogado Juan Pablo Decia, que defiende a unos 40 damnificados por la crisis de Larrarte, recalcó que, con esa declaración, el líder de la empresa había confesado la comisión de un delito.

Decia afirmó que los responsables de este fondo ganadero “falsificaron firmas, tomaron inversiones con el concurso decretado, les prometían a los inversores que querían salir un aumento de sus rentas por encima del 11% para que se quedaran y reinvirtieran”, y que la mayoría de esos fondos “se esfumó”.

A principios de setiembre de 2024, la empresa comenzó a recibir los primeros reclamos de sus inversores. Las primeras denuncias se debieron a la falsificación de una firma para que el ganado de una persona pasara a estar en manos de la empresa, vacas que no estaban registradas en el Dicose y retrasos en los pagos.

En octubre del año pasado, la empresa había publicado un comunicado afirmando que se encontraba enfrentando un “proceso de reorganización productiva y financiera con el objetivo de cumplir con las obligaciones asumidas con los inversores que han confiado en la empresa”.

En total, en lo que va del caso se presentaron 103 denuncias con más de 130 víctimas que sufrieron una afectación patrimonial significativa.