Juan Francisco Pérez, representante de la Administración Nacional de la Educación Pública (Anep) electo por el PIT-CNT, emitió una declaración este fin de semana en la que rechaza que el Ejecutivo no haya consultado al organismo en la decisión de retomar las clases en las escuelas rurales a partir del miércoles 22 de marzo.
En la carta, Pérez señala que, dada la "dinámica que atraviesa el país", y las potestades del Sistema Nacional de Emergencias en la emergencia necesaria, era "necesario" que se convocara al Consejo Directivo Central (Codicen) para conocer las negociaciones que llevaba adelante su presidente, Robert Silva, con el Poder Ejecutivo y el Sinae, con el "fin de adoptar las mejores decisiones".
El representante expresó su "total desacuerdo" con la decisión de movilizar a "más de 1.500 funcionarios que incluyen maestros y funcionarios de gestión de educación primaria, así como a más de 13.000 escolares rompiendo de esta manera la cuarentena sanitaria".
"De igual manera rechazamos la forma inconsulta en que se viene gestionando esta medida", cierra la carta.
En declaraciones a Radio Uruguay, Pérez adelantó que este lunes se reunirá con Silva para conocer las "condiciones que han llevado a que se dé este comienzo de clases". En este momento, dijo, no hay todavía una postura tomada oficialmente, "porque no se sabé cuáles con las condiciones".
"Buscamos una negociación colectiva e información oficial. Lamento si alguien se sintió herido con respecto a la carta, pero es clara: queremos aportar, no poner palos en la rueda", sentenció.
Silva dijo este domingo a El Observador que la decisión está sujeta a lo que estipule el Sinae: "Nosotros vamos a seguir adelante ideando un protocolo para que las clases en las escuelas rurales empiecen el 22", dijo y señaló que está medida está por fuera de la "órbita de la Anep".
Antes de anunciar la iniciativa, el Ejecutivo se reunió con la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) para "conformar un grupo y trabajar en un protocolo".
El viernes, la FUM emitió una declaración en la que expresó su "desconcierto" ante la iniciativa del Ejecutivo, señaló que iba en "contradicción" con las medidas sanitarias adoptadas y que el Gobierno mostraba "desconocimiento" del funcionamiento de esas escuelas.
"El inicio de clases en el medio rural es una decisión irresponsable por parte de las autoridades, puesto que aún no se han realizado análisis científicos del comportamiento del virus, test masivos a la población, estudios de los casos asintomáticos, análisis de la curva de contagio, etc. Esto pone de manifiesto la falta de planificación y las improvisaciones que se están realizando con un tema de extrema delicadeza", declaró.
Las autoridades repitieron que la decisión está sujeta al desarrollo de la pandemia en el país, y que por eso la anunciaron con quince días de anticipación.