Un informe presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) sobre acuerdos abreviados —que reveló las condiciones de detención que inciden en la decisión de la aceptación de la condena— desembocó en la renuncia del presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Joaquín Gamba, según pudo saber Montevideo Portal.

En concreto, fuentes cercanas al abogado indicaron que Gamba creía que el informe de la Udelar contenía “agravios” contra los defensores de oficio, por lo que la comisión penal de Adepu se reunió el 19 de setiembre con el objetivo de responder al documento, y elaboró un comunicado. Una vez redactado, fue enviado a la directiva y fue rechazado, lo que provocó la renuncia del abogado.

El documento preliminar de la comisión penal, al que accedió Montevideo Portal, mencionaba que, si bien coincidían con muchas de las apreciaciones vertidas, era “necesario hacer algunas aclaraciones” en lo que refiere a lo dicho de las funciones del defensor en el proceso penal.

El texto indicaba que “no se puede concluir” que los acuerdos arribados en el marco de los procesos abreviados son de “mala calidad” solamente escuchando los audios de la audiencia y la entrevista con la persona que fue condenada. “Estos acuerdos se llevan a cabo en negociaciones con la Fiscalía, por lo que para analizar su calidad (entendiendo por tal cuál es la mejor solución al conflicto penal para nuestro defendido), se requiere por lo menos analizar las evidencias con las que cuenta la Fiscalía en su carpeta, y aun así con dichos elementos hay cuestiones de la negociación que son imposible de analizarse a posteriori, y que hacen a la propia dinámica de la negociación”, señalaba el texto.

En este sentido, y en base a su criterio, es “imposible” arribar a dicha conclusión, y “menos aún atribuyendo directa responsabilidad a los defensores” en los que se consideran acuerdos de “mala calidad”. “Menos aún se puede afirmar que ello se debe a que los operadores tiendan a ‘implicarse con los fines del sistema incluso cuando estos contradicen su función profesional’”, expresaba el documento.

“La defensa pública tiene muchas falencias, y desde ADEPU hemos sido los que insistentemente denunciamos públicamente esta situación, y en cada comparecencia ante las distintas comisiones parlamentarias y organismos internacionales. Pero, si hay algo de lo que no se nos puede señalar, es que no ejerzamos nuestra función en el proceso penal. Semejante afirmación, además de no tener ningún sustento, es agraviante para todos los Defensores Públicos que día a día damos batalla con las pocas herramientas que tenemos, frente al poder punitivo del estado, agravado con las últimas modificaciones legislativas de las cuales son destinatarios las personas en estado de vulnerabilidad, a las cuales asistimos día a día”, agregaba.

Este comunicado finalmente no fue publicado. La directiva optó por hacer otro escrito, que tuvo modificaciones. Esta decisión fue la que marcó finalmente la renuncia de Gamba. Consultado al respecto, el abogado confirmó que ese fue el motivo de su renuncia y aseguró que, aunque el resto de los defensores tiene la misma idea de protección y cuidado, “optaron por una vía distinta a la del comunicado de la comisión penal”.

En la carta de renuncia, Gamba expresó que uno de los objetivos fundamentales que intentó realizar a lo largo de los años como presidente fue el de defender la labor de los defensores públicos a través de distintas vías.

Además, señaló que la negativa “contundente y unánime” de sus colegas de aprobar el comunicado es algo que “no puede admitir” por “distintas circunstancias” que “no valen la pena nombrar”. Pero que, en definitiva, lo lleva a que “no pueda continuar” al frente de la asociación.

Finalmente, dijo que hay compañeros que están esperando el apoyo de esta asociación ante las afirmaciones vestidas en el documento y reconoció que él no puede estar al frente de una asociación que, por distintos motivos, decide no aprobar el comunicado. “Por lo tanto, presento mi renuncia al cargo de presidente de esta Asociación”, señala la carta.

Quien era la vicepresidenta de la asociación, Yamila Cabrera, quedó ahora como la presidenta de Adepu. La abogada, que también es penalista, aseguró a Montevideo Portal que es habitual que se modifiquen o agreguen elementos a los comunicados que llegan de las comisiones de la asociación.

Sin embargo, evitó hacer declaraciones sobre la salida de Gamba, aunque reconoció que el documento modificado se subió a redes sociales “concomitantemente” a la salida del expresidente de la asociación.