El fiscal de Corte, Jorge Díaz, renunció a su cargo este martes, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

Al profesional le correspondía estar en el cargo hasta abril de 2022, cuando cumpliera diez años al frente de la Fiscalía General de la Nación. Su lugar será ocupado Juan Gomez, quien se desempeñaba como fiscal adjunto de Corte desde febrero de este año. 

Según la ley 19.483, el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos del total de los componentes (numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República).

Díaz ha sido cuestionado en particular por Cabildo Abierto, que en julio de 2020 pidió al Poder Ejecutivo su remoción por escrito. De todas maneras, aunque aludió a críticas a sus propuestas, prefirió no responder del asunto en concreto al ser consultado por la prensa.

“Los aciertos fueron colectivos y los errores son míos. Los errores que se hayan cometido son atribuibles al jerarca”, dijo Díaz, quien agradeció especialmente a los funcionarios de la institución, en su mayoría mujeres. “Acá hay gente que deja el alma en la cancha, que atiende el teléfono a las 2 ó 3 de la mañana para atender a una víctima”, agregó.

“No está bueno cuando el sillón empieza a tener la cara de quien lo ocupa. Dios quiera que sea por un acuerdo político. De eso se trata la democracia”, aseguró Díaz al cerrar su conferencia.

Ciclo cumplido

El fiscal de Corte, que había asumido en 2012, informó en conferencia de prensa este martes desde la hora 14.40 que había tomado la decisión el año pasado, pero que por “lealtad institucional” no había concretado su renuncia, ya que Juan Gómez, quien lo sucederá, aún no estaba en el cargo de fiscal adjunto. Díaz destacó que era importante que su sucesor conociera “la gestión” institucional.

En la conferencia de prensa, que se realizó en la sede de Fiscalía y fue transmitida por la cuenta del organismo en Facebook, Díaz comunicó que la primera persona a la que le informó su decisión fue al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con quien estuvo reunido en la Residencia de Suárez y Reyes; luego dio la noticia a los funcionarios de la Fiscalía y convocó entonces a la conferencia.

“Hoy Fiscalía tiene a mi querido colega y amigo Juan Gómez, para hacer esta transición” hasta abril de 2022.

“El ciclo está cumplido, las tareas han sido cumplidas, es hora de cerrar este ciclo. Es hora de trabajar en un proyecto de la actividad privada que me ilusiona, que me entusiasma y que por lo tanto allí dedicaré toda mi energía”, agregó Díaz, quien agradeció a los funcionarios de la institución. “No me dará la vida para agradecer a este conjunto de mujeres y hombres que tiene una enorme energía y potencial. Me siento orgulloso”, concluyó el fiscal, visiblemente emocionado.

Rendición de cuentas y despedida

El fiscal presentó al mismo tiempo “rendición de cuentas y despedida del servicio pública”.

“Todos ustedes saben durante 26 años que llevo en el servicio público he rendido siempre cuentas a la población”, dijo al iniciar su discurso. Recordó entonces que cuando asumió, en 2012, la institución era una Unidad Ejecutora que dependía del Ministerio de Educación y Cultura y que una de las tareas que se propuso fue que “tuviera el máximo grado de autonomía posible”.

El 14 de agosto de 2015, el Parlamento creó el servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación. “Hoy la Fiscalía funciona y ese objetivo está cumplido”, sostuvo

“La legitimidad de la creación del servicio descentralizado fue cuestionada y la Suprema Corte de Justicia rechazó los planteos de inconstitucionalidad; entendió que la ley era ajustada a la Constitución de la República”, destacó.

El segundo objetivo que asumió en 2012 fue “rediscutir los objetivos de la Fiscalía”, porque la institución “en ese momento tenía múltiples funciones” (había 14 fiscalía civiles en Montevideo, 14 Penales, tres de Adolescentes, tres de Aduana y tres de Violencia Doméstica) y “era necesario transformar a esa vieja institución en una institución moderna, con un cometido de investigar y perseguir criminalmente, para eso era necesario dejar de hacer un montón de tareas y pasar a ser casi exclusivamente una institución que se encargara de la investigación”.

“El tercer objetivo era el más importante: la reforma procesal penal e instalar en Uruguay un proceso acusatorio. Ese era el talón y el leitmotiv de mi asunción como fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. La reforma se aprobó, se implementó y está funcionando; más allá de las dificultades iniciales y la enorme resistencia de muchos sectores”, destacó. “Se aumentó el número de personas privadas de libertad con condena ejecutoriada y se disminuyó el porcentaje de personas privadas de libertad con medidas cautelares”, dijo, entre otros avances.

“Los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato que se instaló por parte de algunos sectores de que este era un código pro delincuente, que ataba de manos a la Policía y que aumentaba la inseguridad”, agregó. “A casi cuatro años podemos decir que la reforma está funcionando y que funciona bien; aunque esto no signifique que haya que mejorar cosas”, planteó. En ese marco, destacó la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, que lleva atendida más de 10.000 víctimas desde que comenzó el proceso. El sistema “transformó a la víctima de objeto de prueba a sujeto de derecho”, remarcó.

“El cuarto objetivo fue tener un nuevo estatuto de los fiscales. Los fiscales no teníamos prácticamente un estatuto propio y casi todos los derechos y obligaciones que surgían de ese estatuto eran por remisión al estatuto de los jueces. Se consagró el estatuto, con los principios de autonomía funcional, unidad de acción, independencia técnica, jerarquía, celeridad, responsabilidad, objetividad, probidad, transparencia y rendición de cuentas”.

“Se estableció el mecanismo de las Instrucciones Generales como instrumento para lograr la unidad de acción. Y esto es muy importante porque ha habido intentos de eliminar las instituciones generales. Créanme que la próxima batalla será la batalla por el ministerio público, y en esa batalle habrá quienes quieran transformar a la fiscalía como cuchillo y lanza que quieran utilizarlo políticamente. Pero más preocupantes son aquellos que quieren un ministerio público tonto, que actúe sin unidad de acción, que no tenga política criminal, que no priorice delitos, en el que cada uno haga lo que quiera. Esa será la batalla” anunció.