Relatoría de Libertad de Expresión: creciente hostigamiento contra periodistas en Uruguay

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual de 2021, que “aborda los aspectos más relevantes de la situación de derecho a la libertad de expresión durante el año pasado a través de cuatro ejes temáticos: Periodismo y democracia; Libertad de expresión, Estado de Derecho e institucionalidad democrática; Libertad de expresión y lucha contra la discriminación y la exclusión; Libertad de expresión e internet.
En el caso de Uruguay, la Relatoría destacó que “en diversas oportunidades se ha señalado que el país mantiene índices altos de respeto al derecho a la libertad de expresión y a la institucionalidad democrática”.

“No obstante, la Relatoría ha recibido denuncias que alegan un creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos, especialmente en redes sociales y presuntamente por parte de voces oficiales, lo que estaría constriñendo las garantías para la libertad de expresión y el espacio informativo. Luego del estallido de la pandemia, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han denunciado un presunto retroceso en las garantías de transparencia gubernamental y un ambiente restrictivo al acceso a información de relevancia pública”, advierte el informe, que cita algunos casos concretos ocurridos durante 2021.

El reporte señala que “en 2021 se habría observado un creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos, especialmente en redes sociales y presuntamente por parte de voces oficiales”.

En esta línea, se apunta que en abril el periodista Aldo Silva “habría sido blanco de una serie de mensajes agresivos en redes sociales luego de que cuestionara al presidente (Luis Lacalle Pou) mientras debatían junto a otros periodistas sobre las cifras de personas fallecidas por covid-19 en Uruguay en el programa que conduce en Radio Sarandí”.

“Una senadora del partido oficialista señaló en sus redes sociales que ‘la pandemia tiene algunas cosas positivas: desenmascara ‘periodistas’ que posaban de profesionales independientes (...) Los uruguayos tenemos más memoria de lo que los mediocres piensan y no perdonaremos a los miserables”, expresa el informe en referencia a la senadora Graciela Bianchi, que también es mencionada por calificar de “traición a la patria” un reportaje realizado para CNN por el periodista Darío Klein en el momento que más muertes de personas con covid-19 se registraron en el país.

El trabajo también hace referencia a los cuestionamientos recibidos por parte de autoridades gubernamentales, incluida la Cámara de Diputados, sobre el informe realizado por la cadena alemana Deutsche Welle, que planteó una coyuntura de retroceso de la libertad de expresión en Uruguay.

“Por otra parte, esta Oficina ha sido informada acerca de una alegada tendencia creciente de demandas judiciales -o amenazas de demandas- contra periodistas por parte de personas funcionarias públicas, empresarias, dirigentes políticos y sindicalistas. En esta línea, la organización CAinfo reportó al menos siete casos de activación de mecanismos judiciales, en su mayoría demandas penales por difamación e injurias, entre los meses de julio y septiembre, lo que a su juicio se trataría de un número inusual en un lapso tan breve”, se agrega.

El informe también incluye la demanda penal por difamación impulsada por el director departamental de Salud de Tacuarembó contra el periodista José Morales Brum del semanario Tacuarembó Ahora, una denuncia del diputado del PERI César Vega contra Leandro Grille y una llamada del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al periodista de Semanarios Crónicas del Este Sergio Secinaro solicitando el retiro de una publicación.

“Posteriormente, el ministro habría aclarado públicamente en una entrevista televisiva que había desistido de la demanda ‘porque el periodista aclaró la situación’”, se aclara en el informe.

Internet y pedido de información

El informe de la Relatoría también hace referencia a presuntos rechazos a pedidos de la información pública realizado por el semanario Búsqueda y por el semanario Brecha.

Según el informe, Búsqueda realizo dicho pedido con el fin de conocer las personas que había recibido en el último año en la residencia presidencial Luis Lacalle Pou, mientras que en el caso de Brecha la solicitud fue con el fin de obtener información sobre los contratos que el gobierno firmó con las empresas proveedoras de vacunas contra la covid-19.

“La oficina presidencial no habría accedido a brindar la información solicitada por considerar que toda la documentación vinculada a las negociaciones mantenidas y los contratos celebrados por el Estado uruguayo para la adquisición de las vacunas se trataba de información clasificada como confidencial por el Consejo de Ministros”, señala el informe.

Finalmente, el reporte difundido el pasado 7 de junio hace referencia a “el retiro de los resultados de búsqueda Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital Sudestada”.

“De acuerdo a la información recibida, una de las investigaciones periodísticas habría sido desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley estadounidense, mientras que el otro artículo habría sido desindexado del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR). Según reportaron, si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen algunas cuestiones en común, como el presunto fin de limitar la circulación de información de alto interés público sobre la presunta participación de estudios jurídicos uruguayos en redes internacionales de lavado de activos; las notificaciones de Google, supuestamente, no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ili´citos; asimismo, señalan que los denunciantes son anónimos en ambos casos y las formas de apelación serían inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay”, consigna el reporte de la Relatoría.