Red contra la violencia de género advierte por los cambios introducidos en el Presupuesto

La Red Uruguaya Contra la Violencia Domestica y Sexual (RUCVDS) emitió una declaración en la que rechaza dos artículos redactados en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024 presentado semanas atrás por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión en el Parlamento.

La RUCVDS advierte por los artículos 483 y 509 del proyecto, "alerta a la sociedad uruguaya de su impacto negativo", y finalmente "realiza un llamamiento a las autoridades de gobierno para que se tome conciencia de la real dimensión e impacto negativo que se provocará".

En la declaración se afirma que "el proyecto desnaturaliza al Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, eliminando el requisito de ser profesional para integrarlo, quitándole jerarquía institucional, convirtiéndolo en una comisión honoraria integrada por representantes del Estado y excluyendo la representación de la sociedad civil organizada".

"De prosperar las pretendidas modificaciones el Estado tendrá a su exclusivo cargo no solo diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, también automonitorearse, autoevaluarse y autorrecomendarse cómo mejorar esa política. Ello atenta contra los estándares de mínima transparencia y participación que rigen en un Estado democrático de derecho", se apunta en la declaración.

"El proyecto, además de reafirmar la omisión contumaz del Estado uruguayo en su obligación de brindar el servicio de Justicia especializado poniendo operativos los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, también pretende modificar su competencia. De prosperar la pretendida modificación, las mujeres víctimas de violencia basada en género continuarán obligadas a realizar un periplo por el sistema de Justicia, compareciendo ante distintas sedes judiciales, en ocasiones durante años y logrando sentencias muchas veces dispares y parcializadas", se agrega.

La RUCVDS señala que "el Estado Uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia hacia las mujeres basada en género", y advierte que esta obligación proviene de "diversos instrumentos internacionales de derechos humanos" que Uruguay ratificó.

"Reiteramos nuestro compromiso de agotar todas las instancias nacionales y activar las internacionales para que el Estado uruguayo cumpla cabalmente la debida diligencia en materia de derechos humanos de las humanas. Y en caso de incumplimiento a esas obligaciones, que el Estado asuma su responsabilidad ante las víctimas, la sociedad uruguaya y la comunidad internacional", concluye la declaración.