Montevideo Portal
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) elaboró un documento con planteos a los candidatos presidenciales acerca de reclamos para los fiscales.
En diálogo con Subrayado (Canal 10), el presidente de la asociación, Willian Rosa, aseguró que pidió reuniones con todos los principales candidatos a la Presidencia: “Solo fuimos recibidos por el Partido Independiente y por Cabildo Abierto”.
“La Fiscalía ha sido foco de miradas, críticas y cuestiones a lo largo de este período de gobierno y administración legislativa también”, sostuvo el fiscal.
El documento, al que accedió Montevideo Portal, refiere a la disponibilidad de recursos de la Fiscalía General de la Nación, tras “el cambio sustancial en sus cometidos y funciones a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal el 1° de noviembre de 2017 hace ya 7 años atrás”.
La AMFU asegura que este cambio “no fue acompañado de los recursos e infraestructura adecuada”, lo que llevó a “sobrecarga de trabajo, fiscalías desbordadas de casos, fiscales enfermos y por ende la consiguiente falta de cumplimiento adecuado de la tarea de la institución”.
En ese sentido, se piden “medidas concretas y adecuadas”.
Dentro de los reclamos puntuales, se señala que “desde octubre de 2021 la Fiscalía de Uruguay está acéfala”, ya que “con la renuncia del Dr. Jorge Diaz comenzaron una serie de subrogaciones e interinatos que se extienden hasta el presente”.
“Es evidente que el organismo encargado de la persecución penal debe estar debidamente consolidado con una jerarquía definitiva que pueda establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo en esta política de estado”, asegura el escrito, que agrega que esto lleva a un “debilitamiento institucional”.
Por otro lado, AMFU destaca “carencias y necesidades” en materia de recursos humanos.
“La Fiscalía de Paraguay trabaja con casi 5.000 funcionarios, con una población de 7.000.000 de habitantes mientras que en Uruguay, con la mitad de esa población la Fiscalía lleva adelante las múltiples tareas que la ley le asignó con poco más de 700 funcionarios. Obviamente las situaciones no son extrapolables de país a país, pero es notorio y elocuente la situación deficitaria que tenemos”, ejemplifica el documento.
En ese sentido, se reclama “no solo la creación de cargos de fiscales y sede de Fiscalías”, sino también el refuerzo de “cuadros de funcionarios auxiliares”, para tareas referentes a “evaluación de evidencias digitales, en lavado de activos, nuevas realidades financieras del mundo de las criptomonedas, poder realizar una investigación de corrupción pública, crimen organizado y delitos complejos con funcionarios adecuados”.
En materia salarial, se solicita cumplir con la “equiparación entre jueces y fiscales”, pues se denuncia “una inequidad generada por ley”.
Estos salarios están reglamentados y “equiparados” en la Ley N° 19.483, pero se indica que la Ley N° 20.075 “estableció un aumento para jueces pero no previó la misma solución para los fiscales”.
También se indica que no se cumple la “equiparación entre fiscales adscriptos y adjuntos”, quienes “realizan exactamente la misma tarea”, pero los primeros “perciben un 20% menos salario” que los segundos.
Finalmente, se alude a la “seguridad de fiscales y fiscalías” en vínculo con la “criminalidad actual”.
“La integridad física de los funcionarios encargados de perseguir y encarcelar a esos criminales (policías, fiscales o jueces) requiere las máximas atenciones a través de una política de estado que concrete medidas de protección eficaces en base a parámetros y estándares internacionales ya establecidos, pues es una problemática que acucia a la región y que evidentemente nosotros no somos ajenos”, afirma el documento.
“Si bien existen otra serie de asuntos de relevancia que quisiéramos plantearles, estos son los más trascendentes a nuestro humilde parecer”, concluye el texto.
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