Recolección de firmas para derogar la LUC: posibilidades, artículos y plazos

La ley de urgente consideración (LUC) promulgada el 9 de julio de 2020 es uno de los caballitos de batalla del gobierno liderado por la coalición multicolor. Se habló mucho de ella antes de iniciar el mandato del presidente Luis Lacalle Pou y su discusión parlamentaria se dio en los primeros meses de la nueva legislatura. 

Organizaciones sindicales y otros colectivos sociales fueron muy críticos no solo del contenido de la ley, sino de la forma en la que se planteó. Los cuestionamientos fueron desde el momento en que se discutió (pandemia), la cantidad de bloques temáticos que incluyó (cuenta con 11 secciones), el poco tiempo que tuvieron las organizaciones involucradas en la normativa para plantear sus posturas a los parlamentarios (denuncian que solo tuvieron 15 minutos de diálogo con las comisiones especiales), entre otras quejas. 

Tras la votación en ambas cámaras legislativas, las organizaciones que rechazaban la aprobación de esta ley se organizaron y se decidieron por uno de los caminos establecidos en la Constitución para derogarla: juntar firmas para llevarla a referéndum. 

Para llevar a referéndum una ley, de acuerdo al camino elegido para derogar la LUC, es necesario alcanzar las firmas del 25 % del padrón electoral (casi 675.000). Estas firmas deben juntarse antes de cumplirse un año de promulgada la ley, es decir, antes del 9 de julio de 2021. Si se cumple con eso, la Corte Electoral revisará que todas las firmas cumplan con los requisitos y luego fijará una fecha para realizar el referéndum.  

Ahora bien, en ese sentido surgieron dos propuestas distintas. Una es impulsada por el PIT CNT, la Intersocial y el Frente Amplio. Otra es impulsada por la Coordinadora Contra Toda la LUC. La primera tiene el objetivo de derogar 135 artículos de la ley, mientras que la segunda se propone derogarla entera. 

La primera en lanzarse 

La iniciativa del PIT CNT, la Intersocial y el Frente Amplio se nucleó en la llamada Comisión Nacional Pro Referéndum. El presidente de la central obrera, Fernando Pereira, manifestó en diciembre el convencimiento de que estas organizaciones tienen "la cantidad de militantes suficientes" y "el compromiso" para "alcanzar las 700.000 firmas". 

La Comisión Nacional Pro Referéndum detalló cuáles son los 135 artículos que propone derogar. En total, son 33 del capítulo de seguridad pública, tres sobre la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, 34 del capítulo de educación, 16 del de economía y empresas públicas, dos del sector agropecuario, dos del capítulo de relaciones laborales y seguridad social, dos de desarrollo social y salud, 34 acerca de la normativa sobre la emergencia en vivienda y nueve de la sección "otras disposiciones".

Entre los artículos que quieren derogarse en el capítulo de seguridad pública está el de "presunción de legitimidad de la actuación policial", que indica que "salvo prueba en contrario", se presume que la actuación policial en ejercicio de sus funciones "es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias". Según la Comisión Nacional Pro Referéndum, este artículo "es un agregado innecesario que amplifica un estado de falsa seguridad de las fuerzas policiales ya que esta presunción simple (que admite prueba en contrario) tiene un escasísimo valor jurídico, pero refuerza la idea de un supuesto respaldo a la actuación policial que puede derivar en excesos".

También busca derogarse el texto actual de "ocupación indebida de espacios públicos", que refiere a que personal departamental, municipal o policial podrá intimar a quien duerma en la vía pública a retirarse, y se establecen penas para quien no se vaya. La comisión entiende que con esta norma "se ven afectadas las libertades fundamentales de las personas" y que "la norma criminaliza a las personas en situación de calle".

También se busca derogar la nueva norma de "legítima defensa" porque se entiende que "se desdibuja el concepto" y "se restan garantías para tutelar el bien supremo que es la vida".

Por otro lado, en la sección de economía y empresas públicas, dentro del capítulo de libertad financiera, buscará derogarse un capítulo que modifica la legislación sobre el pago de remuneraciones. La comisión señala que la legislación anterior establecía el deber de pagar remuneraciones "a través de instituciones de intermediación financiera o medios de pagos electrónicos", pero actualmente la norma dice "podrá", por lo que "le otorga discrecionalidad al empleador en una situación ya de por sí asimétrica en la relación laboral". En este sentido, "habilita prácticas ilegales (pago en negro)" y "le quita transparencia".

Dentro de la sección llamada "otras disposiciones", buscará derogarse un artículo que declara ilegítimos los "piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público". Desde la Comisión Nacional Pro Referéndum señalan que con esta normativa "no solo se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente, sino también su derecho a hacerlo en su calidad de trabajadores".

Contra toda la LUC 

Días después de lanzarse la campaña para derogar 135 artículos, organizaciones sociales nucleadas en la Coordinadora Contra Toda la LUC iniciaron una paralela que tiene como objetivo derogar toda la norma. 

Los plazos y los requisitos son exactamente los mismos para ambas iniciativas y adherir a una no excluye de la posibilidad de adherir a la otra, es decir, quien firme para llevar a referéndum 135 artículos también puede hacerlo para llevar a referéndum toda la ley y viceversa.