Reactivan en México búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa

Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, el gobierno calificó el caso como una "desaparición forzada" cometida por agentes del Estado, y ofreció una millonaria recompensa para dar con los responsables.

Al grito de "¡justicia!", miles de personas, en su mayoría estudiantes, participaron en una manifestación encabezada por padres de los jóvenes y que culminó en el Zócalo (plaza central) de la capital.

"Venimos en una exigencia de justicia (...) Esto ofende a cualquiera que tenga dignidad en este país", dijo a la AFP Rosa, ama de casa de 58 años quien, por seguridad, rechazó dar su apellido. Marchó con una veladora en mano y vestida con un traje que asemeja a un jaguar y que se usa en un baile típico del estado de Guerrero en el que desaparecieron los jóvenes.

Un centenar de encapuchados que marchaba en la retaguardia de la columna, hizo pintadas, rompió los vidrios de numerosos comercios e intentó incendiar un restaurante pero manifestantes apagaron el fuego.

En el Zócalo, los encapuchados arremetieron por momentos contra una puerta del palacio presidencial y pintaron consignas. Una de ellas acusaba al "Estado asesino".

Horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ante la prensa que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y que para su gobierno es prioridad encontrar a los jóvenes

"No hay impunidad, eso es importante porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad", dijo López Obrador vestido con una camiseta con la leyenda: "Ayotzinapa, 5 años; yo por la verdad".

El subsecretario de Derechos Humanos del ministerio de Interior, Alejandro Encinas, dijo por su lado que estos hechos, ocurridos en la presidencia de Enrique Peña Nieto, están siendo reinvestigados como una "desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano".

La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, los dos ubicados en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones.

Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos, en un caso que desató indignación mundial.

López Obrador ha creado una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la fiscalía general se comprometió a reiniciar la investigación "casi desde cero".

A la espera de conocerse el destino de los jóvenes, la justicia mexicana ha liberado a 77 detenidos de la investigación original y cuyos testimonios fueron obtenidos bajo torturas.

- Recompensa por expolicía -
Encinas anunció que el gobierno mexicano ofrecerá una recompensa de 1,5 millones de pesos (unos 75.000 dólares) para quien proporcione información "fidedigna y verificable" del paradero de los estudiantes.

Una segunda recompensa de 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) será otorgada a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco, supervisor de la policía local de Iguala y uno de los principales señalados en el caso.

El fiscal especial del caso, Omar Gómez, adelantó que la próxima semana citarán a exfuncionarios federales relacionados con la cuestionada investigación original, entre ellos al exprocurador Jesús Murillo Kara y que de ser necesario sería llamado Peña Nieto.

- ¿Nueva verdad? -
Alejandro Hope, exoficial de la inteligencia mexicana y experto en seguridad, comentó a la AFP que será difícil dar con novedades en el caso, aún con una nueva investigación.

"No creo lleguen a un resultado notoriamente distinto", dijo.

En el gobierno de Peña Nieto, la fiscalía general, que dependía entonces del Ejecutivo y ahora es independiente, presentó la denominada "verdad histórica": los narcotraficantes, creyendo que los jóvenes serían de un cartel rival, los habrían matado para luego incinerar sus cuerpos en un basurero y arrojarlos a un río.

Pero expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta teoría y pidieron seguir otras hipótesis.

Esta semana se iniciaron investigaciones en un nuevo basurero, en la comunidad de Tepecoacuilco, a unos 15km de Iguala.

Durante las investigaciones en 2014, la fiscalía reunió pequeños restos óseos y los envió al laboratorio de Innsbruck, en Austria. Sólo se logró identificar restos de uno de los jóvenes.

Una de las líneas de investigación a privilegiar, según expertos de la CIDH, es la existencia de un quinto autobús, que estaría cargado de droga destinada a Chicago, en Estados Unidos, y que habría sido secuestrado sin querer por los estudiantes, pero que no figuró en la investigación.

AFP