La ministra de Salud Pública, Karina Rando, está siendo interpelada en la cámara baja del Parlamento por la diputada frenteamplista Cecilia Cairo, junto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), por el cierre de Casa de Galicia.
Cairo presentó 44 preguntas vinculadas a los controles sobre la exmutualista, el proceso de intervención y el proceso judicial que inició tras la caída del prestador de salud.
En su alocución inicial, Rando comenzó diciendo que la postura de que “Casa de Galicia carecía de recursos para continuar funcionando y garantizar la salud de sus usuarios, no fue una opinión aislada” del exministro Daniel Salinas, sino que “fue la conclusión a la que alcanzaron todos los actores que intervinieron a lo largo de este triste proceso”.
“El propio Alberto Iglesias [presidente de Casa de Galicia] al solicitar el concurso, la sindicatura y el juez concursal, las técnicas del área de economía del MSP y la asesoría macroeconómica del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], y también la presidencia de la Junta Nacional de Salud”, ejemplificó la ministra.
Rando remarcó que, frente a esta situación, el Ejecutivo “hizo lo que debió ante un prestador en quiebra”, dado que “aseguró la asistencia de los usuarios”.
“Primer derecho humano comprometido, salvaguardado gracias a la célere actuación de las autoridades nacionales y a través del esfuerzo de los trabajadores de la salud, respaldado oportunamente por la ley parlamentaria, que fue convalidada oportunamente por la Suprema Corte de Justicia”, afirmó.
La secretaria de Estado sostuvo que se trató de “una intervención histórica, que permitió movilizar cerca de 40.000 usuarios en pocos días y dio atención por parte de ASSE a usuarios que integraban las filas de otro prestador”.
“La salud de todas estas personas fue debidamente atendida y no hay que lamentar pérdidas de vidas humanas. Todos estos compatriotas fueron y continúan siendo cuidados debidamente gracias a la rápida adopción de una solución sin precedentes en nuestro país”, agregó.
Para Rando, la medida logró garantizar también la mayor cantidad de puestos de trabajo, una solución que tildó de “histórica para nuestro país”, aunque recordó “la particularidad” que había en el caso de los trabajadores no médicos, dado que “había una referencia histórica que generaba una base, no siendo así para el colectivo médico, donde se debió construir de cero y seguramente servirá de referencia para el futuro”.
“En tercer lugar, se aseguró la infraestructura del prestador considerando esencial para el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, solución para la cual también resultó determinante la aprobación de la Ley 20.022”, expresó.
Rando dijo que todo esto daba muestra de una situación compleja que se arrastraba desde hacía más de 20 años.
“Con un resultado económico negativo en sus últimos siete años, reflejado en sus pérdidas millonarias; con una situación financiera acuciante y muy escaso margen de maniobra dado su alto endeudamiento. Con una administración gestionando que no logró encaminar a la institución. Con hechos de apariencia delictiva de su administración que se denunciaron penalmente y que se presentó a un concurso por la compleja situación financiera”, dijo.
“Con todos los elementos antes dispuestos es que se resolvió la intervención, y yo me pregunto, ¿era de buen administrador continuar entregando fondos del Estado, dinero de los contribuyentes, en este contexto? Nosotros creemos que no, claramente no era lo correcto”, agregó.
Para la ministra, durante el proceso, “se logró cuidar a los usuarios, a los trabajadores y a la infraestructura, en una gestión histórica y con un elemento que hoy no consideramos en nuestra realidad porque ya quedó atrás, pero que se dio en forma concomitante y es una de las peores pandemias que atravesó la humanidad, el covid-19”.