Qué puede pasar si plebiscitos de Cabildo, Pit-Cnt y Ciudadanos no llegan a las firmas

A pocos días de que venza el plazo para presentar las 270.000 firmas para impulsar dos plebiscitos para reformar la Constitución, todavía existen dudas sobre si el Pit-Cnt (más algunos sectores del Frente Amplio) y Cabildo Abierto van a lograr llegar a las rúbricas necesarias para impulsar ambos recursos de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2024.

A su vez, los dirigentes y militantes que tienen experiencia en este tipo de iniciativas reconocen que, para estar seguros de que la reforma propuesta sea habilitada por la Corte Electoral, se requiere aproximadamente “un colchón de 30.000 firmas más”, por inhabilitaciones, firmas repetidas, entre otros posibles imponderables.

El plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral vence el próximo 27 de abril, es decir, seis meses antes de que se lleven adelante las elecciones nacionales, que tendrán lugar el 27 de octubre de 2024.

En los dos casos, el mecanismo elegido para reformar la Constitución fue a través de la junta de firmas, según lo establece el inciso A del artículo 331 de la Carta Magna, que requiere la voluntad del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional para avanzar.

En el caso del Pit-Cnt, por ejemplo, a principios de abril anunció que estaba cerca de las 250.000 firmas —todo apunta a que llegará a las necesarias— para lograr impulsar el plebiscito que plantea reformar la seguridad social; en concreto, modificar el artículo 67 de la Constitución de la República.

La papeleta propone que el sistema de seguridad social sea organizado y gestionado exclusivamente a través del Estado “y de personas públicas no estatales, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores”.

También impulsa la prohibición de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, es decir, la eliminación de las AFAP. Además, disminuye la edad de jubilación a 60 años, y marca que “ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional”.

Por su parte, Cabildo Abierto seguirá juntando firmas contra la usura y reestructuración de deudas de las personas físicas hasta llegar a las 270.000, incluso posteriormente al plazo del 27 de abril.  

En diálogo con Montevideo Portal, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, defendió que, aunque se presente por fuera de ese plazo, en caso de llegarse a las firmas (actualmente están por encima de las 200.000), “se podría someter el recurso en la siguiente elección nacional”, en referencia a las departamentales y municipales que tendrán lugar el 11 de mayo de 2025.

“Hay una discusión de juristas. Es una convocatoria nacional y es voto obligatorio. Nosotros interpretamos que sí. Habrá que ver qué dice la Corte Electoral”, opinó Manini Ríos.

Sin embargo, el organismo rector todavía no tiene una definición sobre la posibilidad de que esto sea posible, en principio porque no hay antecedentes de que se hayan votados plebiscitos en la elecciones departamentales y municipales.

Pero, a su vez, el experto y catedrático de Derecho Constitucional Martín Risso aclaró a Montevideo Portal que, en caso de que Cabildo Abierto no presente las firmas antes del 27 de abril, las firmas hasta ahora recolectadas para impulsar el recurso podrían perder validez. De esa forma, la iniciativa quedaría por el camino.

Según el experto, esto se explica por el artículo 3º de la “Iniciativa de Reforma Constitucional contra la Usura y una Deuda Justa”. El último artículo establece que la presente “reforma constitucional entrará en vigencia el día 1º de marzo de 2025”, lo que podría limitar la posibilidad de presentarse en el futuro con las mismas firmas, al establecerse una fecha determinada relativizó el constitucionalista.  

Consultado sobre este punto en concreto, Manini Ríos respondió días atrás que “en la última semana se hará el gran esfuerzo de llegar a las firmas”.

“Las consultas que hemos hecho dicen que nada inhibe de presentar un proyecto de artículo constitucional con retroactividad. Hay muchas leyes que establecen fechas retroactivas para su entrada en vigencia. Si se votara en mayo, es retroactivo para marzo como dice la papeleta. Si no llegáramos para el 27 de abril, vamos a seguir juntando hasta tener las firmas suficientes. La Constitución dice que se debe convocar al cuerpo electoral en la primera elección luego de presentada. Si no es el 27 de octubre, será la que sigue: el [potencial] balotaje del 24 de noviembre o eventualmente las departamentales de mayo.”, defendió el senador en diálogo con MVD Noticias.  

El caso Ciudadanos

En otro orden, el doctor en Ciencia Política Daniel Chasquetti se refirió días atrás a otra propuesta plebiscitaria más reciente y que se pretende llevar adelante. En concreto, el politólogo expresó que “si la iniciativa de Ciudadanos se presenta luego del 27 de abril, el plebiscito se realizaría en las elecciones departamentales de mayo del año que viene”.

“Información para los que están preocupados con la superposición de plebiscitos”, añadió.

En este caso, los colorados eligieron para impulsar la propuesta, que había presentado el senador fallecido Adrián Peña como proyecto de ley (no fue aprobado por un voto en la Cámara alta), usar el mismo mecanismo que se utilizó para la habilitación de los allanamientos nocturnos llevado adelante por la coalición de gobierno.

Para que el plebiscito sobre los ingresos de funcionarios a intendencias departamentales se concrete, Ciudadanos necesita reunir 52 firmas de los integrantes de la Asamblea General.

No obstante, los plazos se acortan de cara al 27 de abril y las posturas sobre el apoyo a este recurso no están claras. Incluso dentro del Partido Colorado ya hay posiciones en contra, como la de Batllistas y los sectores que apoyan a Gabriel Gurméndez.

Por su parte, Cabildo Abierto apoyará, pero el Frente Amplio y el Partido Nacional (votó en contra del proyecto de ley presentado por Peña) todavía no se han pronunciado. Por lo tanto, la semana próxima será clave para que se defina la concreción o no de la propuesta, aunque todo parece indicar que no se definirá a favor. Según un relevamiento primario que hizo Montevideo Portal, por el momento la propuesta tendría el apoyo de poco más de 20 legisladores, incluido el del diputado del Partido Independiente Iván Posada que ya firmó. 

La iniciativa propone incluir como inciso final del artículo 62 de la Constitución el siguiente texto: “Los ingresos y ascensos del personal en los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos, celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona. En su defecto los ingresos de personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los gobiernos departamentales, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.

La intención de Ciudadanos de impulsar una reforma constitucional sobre este tema se explica por los argumentos de los blancos al no votar el proyecto, ya que desde el Partido Nacional entienden que es inconstitucional porque viola la autonomía de las intendencias departamentales.

En octubre o mayo

Con respecto a lo afirmado por Chasquetti, sin embargo, las dudas persisten debido a que el artículo 331 habla de “elecciones”, por lo que no especifica si se trata de nacionales, departamentales o municipales.

Por ende, en principio, desde la Corte Electoral se considera que hay fundamentos suficientes para que el plebiscito impulsado por Ciudadanos, e incluso el de la reforma de la seguridad social, se pongan a consideración de la ciudanía en las elecciones de mayo de 2025, ya bajo la administración de un nuevo gobierno nacional. El caso impulsado por Cabildo Abierto es más dudoso.

De todas formas, la Corte Electoral aún no ha tomado una resolución al respecto. Asimismo, otros dos proyectos de enmienda constitucional están sobre la mesa, aunque han tenido menos repercusión política y mediática. El presentado por el diputado Eduardo Lust para modificar la elección del fiscal de Corte y el que lleva adelante el movimiento Uruguay Soberano.  

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