En cuestión de horas, el juez Alejandro Recarey deberá decidir si da lugar al recurso de amparo que pretende suspender la vacunación contra el covid en niños. Para resolverlo hizo sendas consultas a las autoridades del gobierno, lo que justificó como “acción probatoria” para su dictamen.
Pero ¿realmente puede llegar a determinar que se suspenda la vacunación?
La respuesta es sí. De acuerdo con especialistas consultados por Montevideo Portal, Recarey puede ordenar suspender provisoriamente la vacunación a pesar de la prueba presentada a favor, y de acuerdo con la ley, la medida debe hacerse efectiva en 24 horas. En los recursos de amparo la apelación no tiene efecto suspensivo, por lo cual, aunque el Ministerio de Salud Pública apelara, la resolución se mantendría.
En este proceso, los demandados tienen tres días hábiles para apelar, y luego corren otros tres días para retirar las copias de la apelación, tres más para contestar y cuatro para que el tribunal de apelaciones resuelva. En total, transcurren entre 20 y 30 días corridos.
Es decir, si el juez resolviera aceptar la demanda, no se podría administrar el fármaco anticovid a niños durante aproximadamente un mes.
En este escenario, luego vendría la apelación del MSP y el análisis de un tribunal, que dictaría sentencia en segunda instancia.
Una segunda opción sobre la mesa de Recarey, según los expertos, es considerar que el Estado no cumplió con dar información y calificar esto como desacato de alguna de las autoridades. Se trata de un camino probable porque ya lo ha transitado este juez, cuando en 2019 denunció por desacato al exministro de Salud Jorge Basso, luego de que no otorgara un medicamento caro en los plazos estipulados y faltara a una audiencia citada por el juez para dar explicaciones. Aquella vez, Basso debió ir a declarar a Fiscalía. El caso terminó archivado.
Si Recarey se inclinara por esta misma opción, podría denunciar a alguna de las autoridades del gobierno y enviar las actuaciones a la Fiscalía. Aunque en muchos casos se termina archivando, los entendidos advierten que radicar esta denuncia por un delito penal podría constituir un “mensaje” del juez a los gobernantes.
El juez también podría decidir desestimar la demanda, lo cual parece improbable ante los movimientos que ha realizado. La podría desestimar totalmente (es decir, convencido de las pruebas presentadas a favor de la vacunación) o hacerlo por falta de pruebas.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública recusó al juez por considerarlo imparcial. Esto deberá resolverse junto con la eventual apelación. Recarey está interviniendo en este caso como juez subrogante del juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4to. turno, que habitualmente está a cargo del juez Carlos Aguirre. En caso de hacer lugar a la recusación, el tribunal podría reenviar el expediente al turno (con el juez titular en funciones), enviarlo al juzgado del turno anterior (así lo prevé la ley) o considerar que por la urgencia del amparo debe resolver todo en el mismo acto y pronunciarse sobre el fondo del asunto.