Qué delito comete el que paga a menores por sexo y cuál es la condena prevista por ley

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso Oliver acusó públicamente al senador blanco Gustavo Penadés de explotación sexual y pedofilia, luego de que asegurara que el legislador le pagó para mantener relaciones sexuales cuando ella tenía 13 años.

Si bien la Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto, fuentes del Ministerio Público dijeron que “es de esperar” que alguna de las dependencias de Delitos Sexuales comience una investigación de oficio para lograr establecer responsabilidad y comprobar si lo narrado por Papasso tiene asidero en la realidad.

En caso de que esto suceda, la ley 17.815 regula la violencia sexual comercial cometida contra niños, adolescentes o personas incapaces. Esta norma, promulgada en 2004, menciona específicamente en su artículo cuarto: “El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a 12 años de penitenciaría”.

Por otro lado, en caso de que lo que denuncia Papasso fuera cierto, el delito actualmente ya prescribió. Debido a que la pena máxima que estipula la ley son 12 años de cárcel, este tipo de actos ilícitos caducan luego de que pasen 15 años.

En caso de que se comprobara atentado violento al pudor o abuso sexual simple, el delito habría prescrito a los 10 años porque las condenas tienen un máximo de seis. Sin embargo, el caso podría tener otras consecuencias, dado que se considera que las víctimas de abuso sexual tardan mucho tiempo en confesar lo que les pasó.

Penadés brindó una declaración a la prensa este miércoles en la que negó lo dicho por la militante y aseguró que presentará una demanda por difamación e injurias. “No admito que por tener una orientación sexual alguien me acuse de pedófilo”, dijo el senador.

Papasso actualmente está cursando una condena de libertad a prueba, luego de llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, por escupir a una funcionaria de la Intendencia de Montevideo en el acto del que participó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.