Pueblo Centenario: Tribunal de Apelaciones ratificó imputación a dueño de whiskería

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do Turno confirmó la formalización del dueño de la whiskería City Night de Pueblo Centenario imputado el 2 de diciembre por la Fiscalía por “reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual con un delito de armas y municiones”.

Además, los ministros del tribunal ratificaron las medidas cautelares dispuestas por Alicia Ghione, titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 6to Turno, que estableció 120 días de prisión preventiva. El Tribunal confirmó la imputación en los mismos términos que en primera instancia, según dijo a Montevideo Portal el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech.

Por el caso fueron retiradas unas 17 mujeres mayores de edad del local ubicado en la localidad duraznense, tanto de nacionalidad uruguaya como extranjeras —dos venezolanas, dos dominicanas y una cubana—. Todas vivían en la whiskería.

Al allanarse el domicilio del imputado se incautó dinero, un arma de fuego y tres cargadores. El  procedimiento se enmarcó en la Operación Turquesa, que un operativo internacional de Interpol.

En su momento, el abogado defensor del imputados, Nicolás Ghizzo, aseguró a Montevideo Portal que las mujeres manifestaron “apoyo incondicional” a su defendido y pretenden ser convocadas “urgentemente” para declarar con el objetivo de que “esto se aclare”.

“Ahora la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía las está llamando y convocando una por una a declarar y manifestar unánimemente lo mismo que estoy diciendo. Es lo mismo que le dijeron las primeras nueve a la policía cuando allanaron el lugar, que fue el único relevamiento, porque cuando fueron al lugar estaban ellas”, comentó, el 6 de diciembre.

Ante esta y otras versiones de prensa, la Fiscalía informó que, en el marco de las competencias atribuidas por el Código del Proceso Penal vigente desde noviembre de 2017, la institución tiene la obligación de “atender y proteger a las víctimas” y que, en el caso de los delitos sexuales, las personas requieren de una “particular atención” por las vulnerabilidades asociadas a esos casos.

En este sentido, comunicaron que el Ministerio Público preside el Gabinete Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos e integra el Consejo Nacional de Combate a la Trata de Personas. Allí, se articulan esfuerzos para “otorgar a las víctimas diversas prestaciones de los organismos” que están vinculados con estás temáticas, en función de las necesidades del caso concreto.

“Los equipos fiscales tienen la obligación de investigar los delitos. En ningún momento se cuestiona el trabajo sexual, lo que representa una actividad lícita en Uruguay siguiendo determinados parámetros”, señaló el texto, y agrega que, sin embargo, sí se persigue la explotación sexual de las personas por el daño grave que eso ocasiona para la sociedad en su conjunto, particularmente para las víctimas.